Ocho legisladores porteños decidieron realizar una denuncia formal despues de recibir, de manera anónima, la información de una operación orquestada desde el Ministerio de Seguridad con la connivencia de la Policía Federal para "armar causas" contra el referente social Alejandro Salvatiera y sus allegados.

A continuación, la denuncia

Señor Juez:

Paula Andrea Penacca (DNI 28860599), Pablo Ricardo Ferreyra (DNI 27565890), Javier Andrade (DNI 20572683), Gabriel Fucks (DNI 13912309), Magdalena Tiesso (DNI 34000800), Lorena Iris Pokoik García (DNI 23205010), María Andrea Conde (DNI 18531936), José Cruz Campagnoli (DNI 25396408), en nuestro carácter de Legisladores Porteños, constituyendo domicilio en Perú 130 piso 2do oficina 215 de esta ciudad, decimos:

Que venimos a radicar formal denuncia por los hechos que pasamos a exponer.

El día de ayer se recibió, de manera anónima, en el despacho de la Legisladora Porteña Paula Penacca, copia de actuaciones  correspondientes a un sumario administrativo del Ministerio de Seguridad identificado como CUDAP: TRI-SEG: 0006706/2016, que tuviera inicio a raíz de una denuncia efectuada el 13 de mayo de 2016, por parte de una persona que se identificó como Mario Gómez (miscelaneagomez@gmail.com), que da noticia de la conspiración de funcionarios del Ministerio de Seguridad y personal jerárquico de la Policía Federal Argentina, con la finalidad de armar causas contra allegados al referente social Alejandro “Pitu” Salvatierra.

El denunciante identifica a la Subsecretaria de Participación Ciudadana de la Secretaría de Seguridad del Ministerio de Seguridad de la Nación, Elizabeth Caamaño, conjuntamente con quienes serían autoridades de la Policía Federal Argentina: el Comisario Inspector  Mato, que “le dio expresas directivas al Subcomisario Fabi a cargo de la seccion(al) de Ciudad Oculta, que comisione al subinspector Fernández Bilbao, Jefe de Servicio del Grupo Operativo C para que este fin de semana meta preso a los allegados del referente social “Pitu” Salvatierra, ex integrante del Ministerio de Seguridad”.

Estas actuaciones internas no revestirían gravedad alguna y quedarían en meras especulaciones, de no ser que  en los últimos días tomamos conocimiento de la detención del referente social Alejandro “Pitu” Salvatierra. Independientemente de que se demuestre de manera efectiva, o no, que los hechos enrostrados al Sr. Salvatierra sean reales, lo que se demuestra es la concreción de un plan elaborado, que incluye el encierro y persecución de Alejandro Salvatierra y sus allegados, usando las facultades que se les otorga a la fuerza de seguridad.

Párrafo aparte, merece el análisis del accionar del Juez Federal Claudio Bonadio, quien a pesar de la escasa cantidad de estupefaciente que le fue secuestrada Salvatierra, no ordenó su inmediata libertad desde comisaría, más aun cuando el allanamiento de su hogar dio resultado negativo.

Pero incluso, no puede perderse de vista que la selección de la fecha, por parte de los preventores, para montar esta operación político-judicial no ha sido ingenua. El sistema de turnos indicaba que era la oportunidad de iniciar una causa que terminaría en manos del juez Bonadío, sospechado de imparcialidad en causas que involucran a personas relacionadas con el anterior gobierno nacional.

El tenor de la denuncia, estaría dando cuenta de la existencia de una organización ilícita compuesta por miembros de fuerzas de seguridad y encabezadas por una funcionaria del Ministerio de Seguridad de la Nación, tendente a perseguir mediante la utilización de información de base de datos, tareas investigativas y de seguimiento ilegales sin orden ni control judicial, en clara violación a la normativa constitucional, procesal y leyes de inteligencia vigentes, fraguado de procedimientos mediante la inserción ideológicamente falsa de que dichos procedimientos fueron el resultado de simples tareas de prevención, y selección del magistrado sobre el cual recaerá dicha investigación una vez construida premeditadamente a tal fin, quien se encuentra cuestionado y denunciado por sus procederes parciales contra cualquier miembro y funcionario de la anterior gestión gubernamental.

Los hechos así descriptos resultan típicos de los, incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad (art. 248 CP), falsedad ideológica de instrumento público (art. 293 CP), entre otras figuras.

Se utilizan las instituciones creadas para la protección de la ciudadanía con fines de satisfacer vendettas personales y para ocultar la propia corrupción, poniendo un velo de ilegalidad sobre referentes identificados con el gobierna anterior.

Correspondería disponer el allanamiento del Ministerio de Seguridad a fin de secuestrar el expediente mencionado supra. Del mismo modo, que se cite a declarar a Mario Gómez, al “Padre Matías” de la Parroquia La Inmaculada de White 5630 CABA. Se impone el entrecruzamiento de llamadas entre los conspiradores mencionados. En oportunidad de ratificar la presente, acompañaremos el anónimo recibido.

Por lo expuesto solicitamos que se tenga por formulada la presente denuncia y se proceda a investigar los hechos arriba expuestos.

Proveer de conformidad,

SERA JUSTICIA