La denuncia la realizó un particular, Pablo Pildaín, que vio un hecho de corrupción por parte de la Contaduría General del Ejército con dinero del estado que terminaba en manos de los abogados de genocidas que afrontan causas por delitos de Lesa Humanidad cometidos en la última dictadura cívico militar. 

La denuncia que tiene a cargo el juez Martínez De Giorgi, dice que entre 2012 y 2015, todos los meses retiraba cheques de la Contaduría, los cambiaba en una cueva ubicada en Corrientes al 300 y regresaba con el efectivo, de cuya transacción se  quedaba con una comisión, al igual que la financiera. 

Ante tal denuncia de corrupción, De Giorgi comenzó rápidamente una investigación donde pidió informes al Ejército y a varios organismos estatales. La AFIP obtuvo un dato clave al detectar facturas apócrifas en la Contaduría del Ejército.

"Las facturas se habrían utilizado para justificar los cheques que se cambiaban en las cuevas", aseguraron desde la investigación al portal Infobae. Según relató el denunciante, cambiaba alrededor de un millón de pesos mensuales. Los cheques siempre provenían de la Contaduría, pero el detonante habría sido un cheque de Nación Seguros que no se pudo cambiar.

Pildaín que se auntoincriminó afirmó que le entregaba dinero en efectivo a los coroneles Alberto Martínez Azzolina, hoy retirado, y Ricardo Belusci, también en proceso de retiro. Además de estos,el listado alcanzaría a varios represores que utilizaban el dinero para pagarle a los abogados que los defienden en las causas por delitos de Lesa Humanidad.

De todos modos hay que tener en cuenta que Pidaín llegó a Comodoro Py acusado por una serie de acreedores a los que les debe dinero, según él mismo contó en un reportaje que le hizo Rolando Graña en América 24. Los acreedores, de hecho, contrataron a una empresa que se especializa en perseguir morosos.

El denunciante dice que invirtió esos fondos en una "mesa de dinero" paralela que funcionaba en la Contaduría del Ejército y que esa mesa se dedicaba a otorgar créditos al personal de la fuerza. El jefe del Ejercito Diego Suñer ordenó una auditoría interna y además puso al Ejercito como querellante en la causa.

Fuente: Política Argentina