En el matutino Tiempo Argentino publicaron un revelador informe que pone en evidencia las responsabilidades de las últimas tragedias evitables que se vivieron en la Ciudad  macrista.

El incendio en el geriátrico de Belgrano del pasado 18 de mayo, en el que murieron cuatro ancianos. Dos niños fallecidos bajo las llamas en un taller clandestino en Flores. El fuego intencional que consumió las instalaciones de la empresa de archivos Iron Mountain y terminó con la vida de diez bomberos. La evidencia y los documentos de las inspecciones en obra pública, empresas y talleres textiles muestran que, en la Ciudad de Buenos Aires, no hay más siniestros fatales porque el azar se encarga de evitarlos.

El periodista Leandro Renou accedió a detalles de las actas que muestran cómo un grupo de inspectores -conocidos entre sus pares como el Grupo de Tareas- trabajan "levantando" o evitando clausuras o multas, respondiendo directamente a los responsables máximos del área dentro del gobierno de Mauricio Macri. Además, funciona internamente un esquema de recambio de inspectores cuando ocurren clausuras o informes "negativos" sobre irregularidades que el PRO considera menos graves o relacionadas con empresas o personas cercanas a la comuna porteña.

Los informes son parte del sistema que, entre otros, sostiene Fernando Cohen, el actual gerente operativo de Inspecciones, una especie de jefe de los inspectores. Hace unos meses, el funcionario apareció en una cámara oculta reconociendo que el macrismo le ordenaba levantar o parar clausuras a los "amigos".

Cámara oculta a Fernando Cohen:

El mundo de las obras en construcción es uno de los universos con más irregularidades y "no clausuras", a pesar del enorme riesgo de vida existente, y hay varios modus operandi.

Uno

Entre los inspectores circula un registro informal de las veces en que las clausuras se levantan por pedidos telefónicos de funcionarios. "Clausura no realizada" se reporta en una de las notas referidas a un acta realizada en la obra de Ramón Falcón al 5700, que estaba a cargo de la empresa C y L Desarrollos Inmobiliarios S.A.

A principios del 2014, en ese lugar se relevó "falta de tablera eléctrico de obra, hay en uso extensión alimentación de 220 V con cable tendido sobre el suelo, conectado sin ficha reglamentaria y sin continuidad de puesta a tierra al tablero exterior. Expone a 3 trabajadores".

Además, la inspección reportó que "hay 8 excavaciones de de aprox. 1,80 metros de largo y 1,80 de profundidad, junto a los tres muros medianeros, en los que falta calzar y apuntalarlos. Expuestos dos trabajadores".

Quien realizó la inspección consideró que estas y otras cuestiones son "infracciones que exponen la vida y la salud de los trabajadores".

Y agrega que se intima a regularizar la situación a riesgo de clausura. Un día después, se volvió a inspeccionar la obra y se mantuvo la suspensión impuesta, por no haber puesto en orden las irregularidades.

A finales de esa misma semana, Alicia Vázquez, ex Coordinadora Operativa de Inspecciones, se comunicó con los inspectores para que no se realice la clausura.

A Vázquez, Macri la reclutó luego de un acto en La Boca: la mujer era coordinadora de la cooperativa de los bomberos del barrio. Lo mismo ocurrió en otros casos -por lo menos una decena de actas más- de obras, como la de la calle Lacarra al 170, de la empresa Castelli Borgert.

Tantas veces fue el inspector con pedidos de clausura, que fueron negados en la sede de gobierno, que en el acta aclaró que fue "devuelta clausura no realizada".

Dos

Otro detalle al que accedió este diario, que abarca a obras y otras inspecciones, es el del uso de actas duplicadas. La metodología es clara: se labra un acta X con irregularidades en un local que el GCBA considera "no clausurable".

Luego, se envía a otro inspector "obediente", que vuelve a hacer un acta, sin irregularidades. Pero las dos tienen el mismo número X. Si bien ambas quedan asentadas, la no deseada desaparece.

En los libros correspondientes a los meses de abril-mayo del 2010, en las páginas 208 y 212 hay dos casos de esta modalidad extendida.

Figuran las actas 58.071 correspondiente al 3/08/2010, y la misma, pero el 26/05/2010. También la 58.051, del 30/04/2010, y la misma en meses posteriores.

La imprenta de Clarín

En 2008, en el taller de Artes Gráficas Rioplatenses (AGR), la imprenta del Grupo Clarín, falleció en las instalaciones de la calle Corrales 1393 una trabajadora que se desempeñaba en el sector comedor.

La mujer, que correspondía a una empresa tercerizada, pereció sepultada por un portón de la planta. El hecho ocurrió a fines de julio. Un mes después, inspectores del gobierno de la Ciudad acudieron al lugar, tras el pedido de los trabajadores.

Detectaron, por caso, falta de funcionamiento de la alarma acústica y falta de señalización de portones. Además, reportaron que "en toda la planta falta completar señalización de circulación y vías de escape de los sectores de producción".

Por otra parte, se reportaron irregularidades medioambientales. Nada pasó.

Cabe destacar que la única multa que recibió AGR fue en 2006, cuando la Dirección General de Protección del Trabajo del GCBA la apuntó por incumplimiento de normas de seguridad. Dos años después, falleció la mujer en el taller.

Luego, en 2011, la empresa estuvo cerrada por la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR), por arrojar residuos tóxicos al río. Como la situación irregular continuó, la Comisión Interna de AGR volvió a pedir inspecciones, esta vez a través del sindicato de los gráficos.

El mensaje fue claro: "Preguntamos, ¿la salud de los trabajadores está a la venta? ¿las buenas relaciones del Gobierno de la Ciudad con determinadas empresas o medios condicionan la realización de inspecciones?", dispararon los trabajadores, con una idea del fondo de la cuestión. Hubo, inclusive, movilizaciones a las puertas del Ministerio de Trabajo de la Nación.

Llamativamente, el 19 de marzo del 2014, uno de los inspectores que trabajan en tándem con el gobierno de la Ciudad, Claudio Matrero, asistió a las instalaciones de AGR en la calle Corrales. Labró allí un acta en la que destacó que "cumplido, se cargaron los matafuegos vencidos".

Pero a continuación enumeró las mismas irregularidades que había al momento de la muerte de la trabajadora, en 2008, sin siquiera sugerir clausuras preventivas que provoquen los cambios de fondo que pedían los empleados. Ante esta situación, la Comisión Interna juntó varias firmas e impugnó el acta por "irregularidades".

No era para menos: "falta agregar un lavaojos más próximo al depósito de Residuos Peligrosos", "falta reparar segunda bomba de incendio de la sala de bombas", "falta reparar anti-choques en columnas de depósitos de bobina", "falta contener cables expuestos, tomas, alargues en varias partes de la planta".

Luego de esa descripción, el acta sólo afirma que "se intima adecuar los puntos X bajo apercibimiento de aplicar la legislación vigente".

Sin embargo, se le da el aprobado al plan de evacuación, a pesar de que los propios trabajadores relataron que en 2014 la situación era la misma que en 2008, cuando murió una trabajadora. "Matrero venía de la mano de la empresa, le mostrábamos las irregularidades y no las quería poner en el acta", contó a Tiempo Pablo Viñas, delegado gremial de los trabajadores de AGR.

Y agregó que "impugnamos el acta, y un tiempo después de esa última inspección, explotó una rotativa de las nuevas, y el fuego no alcanzó a un compañero de milagro". Matrero, uno de los inspectores más fieles al PRO, es el mismo que nunca clausuró el depósito de Iron Mountain La Boca.

Lo grave: realizó allí varias inspecciones, sabiendo que el depósito no tenía habilitación, era clandestino. Recién después del incendio en Barracas de inicios del 2014, la empresa de archivos vació por completo ese local irregular.

El grupo de inspectores también se encargó de trabar clausuras en infinidad de talleres clandestinos, luego de que pasasen colegas que había sugerido inhabilitaciones. Uno de esos casos es el del acta del 08/05/12, labrada en un galpón del fondo del local de Lope De Vega al 1170. Inspectores contaron a este diario que hay además un escudo de protección a un grupo de empresarios que monopolizan talleres bajo la máscara de cooperativas de trabajo.

Contaminación en la terminal de ómnibus

En la terminal de la Línea de colectivos 60, en Constitución (Guanahani 420) de la empresa Micro Ómnibus Norte (MONSA), los trabajadores venían denunciando irregularidades tales como contaminación con gasoil en el suelo y condiciones de trabajo internas.

El 13 de febrero del 2014 un inspector elaboró un acta mostrando las irregularidades. Dos meses más tarde, el 14 de abril, el grupo anticlausuras recaló en el lugar. Labraron un acta tan alejada de la realidad que no sólo fue impugnada sino también denunciada por los trabajadores.

"Denuncio la actuación irregular del inspector por negarse a cumplir con sus funciones habilitadas por la ley 265 de la C.A.BA, negándose a describir una cantidad de infracciones graves denunciadas por los trabajadores". Quien puso la firma del acta fue, una vez más, Matrero.

Disconformes, los delegados de la 60 hicieron una presentación ante la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) que muestra otro escenario, y contaron que en el caso ya intervino la Defensoría del Pueblo porteña: incumplimiento de condiciones de seguridad e higiene, y depósitos de combustible de más de 60 años. Vía ACUMAR, se logró la clausura.

Cámara oculta de Castro, denunciante de Iron Mountain

"Laboratorios Beta no se pudo clausurar por el quilombo que se armó, hicimos inspección, lo cerramos y le mandamos la multa. Pero no se podía clausurar. ¿Sabés de quién era Beta? De Goyo Zidar, directivo de Boca amigo de Macri.

Llamó Macri en ese momento", le dijo Cohen, el jefe de los Inspectores, a Edgardo Castro. En esa cámara oculta, realizada por el denunciante de irregularidades en Iron Mountain, se mencionó además a una empresa llamada Ramón Chozas.

Se trata de una gráfica que tiene varios contratos con el gobierno de la Ciudad, además de encargarse de la impresión de documentación de seguridad, cheques y tarjetas. En paralelo, imprimieron boletas para las elecciones, y han participado en casi todas las licitaciones porteñas, habiéndose alzado además con negocios en contratación directa.

Castro había inspeccionado en 2008 a Chozas. Según las actas labradas allí, los planos no tenían las medidas exactas del lugar: "La empresa manifestó que el predio tiene 5800 m2, según habilitación tiene 6200 m2." Esto no permitió que el inspector realice lo que se conoce como "estudio de recarga de fuego".

Tampoco, dice Castro en su inspección, "se instalaron las bandejas antiderrame para contener todos los productos químicos (alcohol isopropílico, tintas, etcétera). Y no se exhiben mantenimiento y prueba hidráulica de los nichos hidrantes."

Se pidió la clausura, pero nunca ocurrió. El 28 de mayo de ese año se la intimó por irregularidades. Cuatro meses después volvieron a inspeccionarla y en los días posteriores la firma presentó un esquema de adecuación.

En ese escrito, la empresa asegura que casi todo está en orden, cuando no era así, y por presentación voluntaria evitó la clausura.