Durante el debate sobre el pliego de Bustos Fierro, los legisladores opositores a De la Sota remarcaron la situación irregular y expresaron su "preocupación" porque el padre de Pablo es el juez federal encargado de investigar al mandatario cordobés en la causa por presunto lavado de dinero e irregularidades en el Banco de Córdoba.

Luego de varios cruces en el recinto entre la oposición a De la Sota y el oficialismo cordobés, Bustos Fierro recibió el respaldo de la mayoría de los legisladores con la excepción de Laura Vilches (FIT), quien se opuso, y la abstención del bloque del Frente Cívico y Social (FCyS).

Al respecto, la presidenta del bloque juecista Liliana Montero (FcyS) señaló: "no podemos dejar de manifestar nuestra preocupación y desacuerdo con el momento arbitrario y especulativo elegido por el gobernador De la Sota" para postular a Bustos Fierro.

Montero consideró que la propuesta de De la Sota es para "condicionar la actividad del juez Ricardo Bustos Fierro" y "no puede estar desvinculado este pliego de la situación que esta viviendo el gobernador".

Asimismo, el legislador Aurelio García Elorrio (Encuentro Vecinal Córdoba) afirmó en declaraciones a la prensa que la designación de Pablo Bustos Fierro "forma parte del mismo ataque de pánico del gobernador De la Sota, tres días después de la denuncia de Fonseca sobre Córdoba Bursátil".

En tanto, desde el bloque delasotista aseguraron que sólo se trató de "cubrir una vacante" y que Pablo Bustos Fierro "cumple con los requisitos" para el cargo.

La causa en manos de Ricardo Bustos Fierro se basa en la denuncia del legislador juecista Ricardo Fonseca, quien apuntó contra De la Sota y otros funcionarios por supuestas maniobras financieras por las que habrían desaparecido 500 millones de pesos de Córdoba Bursátil (encargada de recuperar créditos del ex Banco Social y del Banco de Córdoba) en beneficio de la empresa Kolektor (recaudadora de cartera morosa de la Provincia).

Además, la Legislatura cordobesa aprobó el pliego de Sebastián López Peña, que se convirtió en el segundo abogado propuesto por el gobernador, José Manuel de la Sota, para ocupar una vacante en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la provincia.

Todos los bloques votaron a favor de López Peña, con la excepción de los legisladores García Elorrio y Vilches, según informaron hoy fuentes parlamentarias.

La Legislatura aprobó los pliegos luego de que, el jueves pasado, cerca de una veintena de personas y de representantes vinculados a la Justicia manifestaron, en la audiencia ante la Comisión de Asuntos Constitucionales, Acuerdo y Justicia de la Legislatura, su respaldo (no vinculante) a la postulación de López Peña y de Bustos Fierro.

La audiencia pública es una instancia prevista en Córdoba para escuchar observaciones de instituciones profesionales, académicas y sociales sobre las condiciones y la trayectoria de los postulantes para el TSJ, sin que tengan efecto vinculante para los legisladores.