Cristina Fernández de Kirchner recibió en el Patria a los Papaleo y los abogados que llevan adelante la causa por la apropiación de Papel Prensa, por parte de Clarín y La Nación, en 1976, durante la Dictadura cívico militar. 

Se trata de una prueba para la que fueron convocados peritos del Tribunal de Cuentas de la Corte Suprema y de la que participaron todas las partes. El informe buscó determinar si el grupo Graiver fue obligado a vender la empresa a un precio menor al de mercado. De acuerdo a una nota de Página/12, "en ninguno de los casos, sea cual sea el método valuatorio escogido, el precio pactado en el contrato del 2 de noviembre de 1976 se ajustó al valor real de las acciones".

"Del informe surgen una serie de puntos importantes", señala el abogado Luis Alen, presenta en la reunión con Cristina "No importa el método de valuación que se utilice, en todos los casos, los informes dicen que lo que se pagó fue menos. Las diferencias oscilan entre 3 y 7 millones sobre un precio supuestamente pactado de 8 millones 300 mil dólares. Eso quiere decir que el pacto equivalía a entre un 30 y 80 por ciento menos de lo que valía la empresa. El informe más certero, que es el del Banade de 1977, que era un organismo oficial, menciona una diferencia negativa de 5 millones de dólares. El otro punto importante que arrojan los informes es que después de esta operación, los nuevos dueños recibieron de ese mismo Banco 37 mil millones de pesos que les permitió poner en marcha la empresa y que pasaron a tener el control a los pocos meses de la compañía, dado que enero del 79 tenían 64 por ciento de las acciones, un avance que no hubiese sido posible sin el acuerdo de la dictadura", señaló en diálogo con el mismo diario. 

Papel Prensa era una sociedad fundada por el financista David Graiver, quien falleció en 1976 en un accidente aéreo en México. Tras su muerte, el paquete accionario pasó a manos de su esposa, Lidia Papaleo y Rafael Ianover, querellantes de la causa. Ambos fueron secuestrados por la dictadura y denunciaron que fueron obligados a ceder bajo torturas y amenazas la titularidad de Papel Prensa a una sociedad mixta formada por el Estado y los tres diarios promovida por el dictador Jorge Rafael Videla. El supuesto acuerdo pactado para la venta fue del orden de los 8,5 millones de dólares. Ese es el precio que se evaluó en el peritaje, pero Papeleo no recibió tampoco ese dinero sino sólo un adelanto de 27 mil dólares, dado que fue secuestrada y los bienes decomisados por la dictadura. Durante la década del ‘80, el Estado pagó una indemnización por las pérdidas del grupo Graiver.