Confirman la vinculación de Cariglino con patotas
El fiscal de la causa, Santiago Camiñas, estableció que cuatro de los siete imputados por las agresiones a periodistas y familiares de la niña muerta por mala praxis en el hospital de Malvinas Argentinas, son empleados de la municipalidad que tiene a cargo Jesús Cataldo Cariglino.
Las complicaciones del intendente en la causa van en aumento, ya que, a partir de la denuncia de una de las víctimas, se supo que uno de los guardaespaldas personales de Cariglino estuvo presente cuando ocurrieron las agresiones contra los familiares que reclamaban justicia por Celeste Morales y los periodistas que cubrían el hecho.
Entre las denuncias contra el intendente, y el sospechoso asesinato del enfermero Walter Navarro, quien fue baleado en la puerta de su casa sin ser despojado de sus pertenencias en un momento donde estaba entregando datos de corrupción dentro del sistema de salud del municipio, la situación de Cariglino se va complicando en la causa.
Según informó el diario Tiempo Argentino, Walter Pereyra es subdelegado del pañol de la delegación de Los Polvorines, Ramón Yuste trabaja como administrativo de la Secretaría de Gobierno del municipio y Horacio Pérez, al igual que Marcela Benítez, son administrativos de la delegación de Grand Bourg Norte.
Por otra parte, también se determinó que Irineo Sosa, otro de los denunciados, no es empleado pero percibe el beneficio del plan Argentina Trabaja que administrava la municipalidad hasta el año pasado. Los otros dos identificados por la causa no son empleados.
El custodio de Jesús Cariglino, Enrique Quarata, fue otro de los personajes vinculados al intendente que aparecieron en la marcha del 5 de junio. El martes 4 de septiembre, cuando las víctimas de las agresiones participaron de la reconstrucción judicial, también se hizo presente en el lugar.
Los familiares temen que las denuncias no lleguen a ningún lado, y los antecedentes los avalan: Cariglino estuvo preso 13 días junto a Miguel Harare -su mano derecha- en 2003 s partir de una investigación en la que se lo imputó por 33 delitos. El juez de garantías de San Martín, Nicolás Schiavo, pidió la nulidad de todo lo actuado contra el intendente y lo sobreseyó de culpa y cargo.
Cabe la aclaración de la coincidencia reciente, a través de las denuncias de Gabriel Mariotto por “intimación pública”, las cuales cayeron justo en la sala de Schiavo, el juez que lo había sobreseído a Cariglino en 2003.