Con la gente adentro
Hace unos días leí en una pared: “Argentina es el único país del mundo donde los radicales son moderados, los liberales son conservadores, los socialistas son de derecha, y el partido obrero no tiene obreros”.
Con cierta picardía, la frase bien puede definir a un conjunto de partidos políticos opositores al gobierno nacional, quienes durante estas semanas votaron en contra de dos proyectos que incomodan a los mercados financieros: la Ley de Pago Soberano y las modificaciones a la Ley de Abastecimiento.
El primero interpela directamente a los fondos buitre que representan el 1% del 7% de acreedores que aún no ingresaron a las reestructuraciones de deuda propuesta por Argentina y que obtuvieron un 92,4% de aceptación, algo inédito en la historia. Tan inédito como que aquel 1% pueda poner en riesgo toda la reestructuración.
Dicho proyecto no contó con el acompañamiento de los sectores opositores quienes, en su mayoría, afirmaron simplemente que “hay que cumplir el fallo del juez Griesa”. Sin tomar en cuenta las consecuencias que esto podría traer, ya no a este gobierno, sino a las futuras generaciones de argentinos que deberían cargar sobre sus espaldas el reclamo, y posterior pago, al 92,4% que podría exigir las mismas condiciones que los buitres al dispararse la cláusula de derechos sobre futuras ofertas (RUFO por sus siglas en inglés).
Las propuestas superadoras de estos sectores brillaron por su ausencia y sólo se limitaron a realizar cuestionamientos técnicos al proyecto del Ejecutivo que suele tomar la iniciativa con políticas activas en materia de desendeudamiento externo. El pago al FMI, las reestructuraciones de deuda en 2005 y 2010, y el acuerdo con el Club de París son ejemplos significativos.
En el plano internacional, Argentina propuso en las Naciones Unidas (ONU), a través del G77 más China, la creación de un marco legal para la reestructuración del pago de deudas soberanas a nivel mundial. Dicho proyecto fue aprobado por 124 países y contó con el rechazo de 11 y la abstención de 41. Entre los 11 rechazos se encuentran los Estados Unidos, Alemania y Japón, países con fuertes intereses en sostener la lógica financiera especulativa actual. Las abstenciones de Francia, España e Italia, que suelen votar en sintonía con los EEUU, reflejan un cambio en sus posturas que, lejos de solidarizarse con nuestro país, los muestra encerrados dentro de la lógica financiera que no se atreven a desafiar.
Pasemos al segundo proyecto. La ley de abastecimiento fue sancionada en 1974 con el objetivo de establecer reglas para que las grandes empresas no abusen de su posición dominante, generando aumentos desmedidos en las cadenas de valor o quitando productos del mercado con objetivos inconfesables. La eliminación de las penas de prisión a los empresarios y la actualización de los valores de las multas son las principales actualizaciones a esta ley. Estas modificaciones no se ponen de relieve en el debate sino que la ley, en todo su conjunto, es fuertemente cuestionada por los grandes empresarios que buscan instalar a través de los medios hegemónicos, con quienes tienen intereses afines, la idea de “chavización” de la Argentina. Este término es utilizado para comparar a nuestro país con Venezuela, olvidando u ocultando que en el resto del mundo también existen regulaciones y sanciones a los abusos de las grandes empresas contra los consumidores, sin que eso represente una “¿amenaza socialista?” sino más bien lo contrario, una “mano visible” que establece un marco de desarrollo capitalista con reglas claras. En definitiva, los grandes empresarios no quieren rendirle cuentas a la ciudadanía representada por… el Estado.
En este contexto, el arco opositor sostiene que Argentina está “aislada del mundo”. Siguiendo esta lógica, la votación de la ONU pasa a un segundo o tercer plano ya que estar integrados al mundo significa, para ellos,  “que los mercados nos presten plata”. Y así, sin más, se ocultan los acuerdos económicos de nuestro país con China, Rusia, el Banco Mundial. Y se desestima por completo el acuerdo alcanzado con el Club de París.
Es entonces cuando uno comienza a observar que, para estos opositores seriales, estar integrados al mundo significa lisa y llanamente: depender de los Estados Unidos. Principal potencia hegemónica financiera y militar que está siendo fuertemente cuestionada por una inmensa mayoría de países en todo el mundo que buscan generar un nuevo orden mundial de característica multipolar que respete la soberanía de cada país.
No hace falta leer libros de historia para recordar que en la década del 90 nuestro país fue “ejemplo del mundo” y consagrado como el “mejor alumno” por hacer los deberes que ordenaban los maestros del Fondo Monetario Internacional. Ocurrió ayer nomás. Las recetas del Consenso de Washington que exigían, reducción del gasto público, privatización de las empresas estatales, liberación de las importaciones, desregulación del mercado y de las entidades financieras, tipo de cambio competitivo y “seguridad jurídica”, nos llevaron al estallido social del 19 y 20 de diciembre de 2001.
La imposibilidad de los partidos políticos de reconciliarse con su propia identidad, origen y representación, los lleva a aceptar, por acción u omisión, una lógica de mercado, financiera, especulativa, impuesta a fuego durante la última dictadura militar y consagrada en los ’90.
Frente a la mano invisible del mercado que pregona el “socialismo”, el respeto por las leyes norteamericanas que promueven los “radicales”, ante el pedido de los “liberales” de no cambiar las reglas de juego, y el eterno inconformismo de una “izquierda” que vota con la mano cambiada. El gobierno nacional plantea un desafío a los mercados financieros: un capitalismo racional, con la gente adentro. La mano irreversible del Estado. Algo que genera rechazos, con distintos argumentos, por izquierda y por derecha. Sin embargo esta concepción, lejos de aislar al país, lo está integrando al mundo como referencia ineludible de un nuevo orden.
@SosaGustavoD

Hace unos días leí en una pared: “Argentina es el único país del mundo donde los radicales son moderados, los liberales son conservadores, los socialistas son de derecha, y el partido obrero no tiene obreros”.

Con cierta picardía, la frase bien puede definir a un conjunto de partidos políticos opositores al gobierno nacional, quienes durante estas semanas votaron en contra de dos proyectos que incomodan a los mercados financieros: la Ley de Pago Soberano y las modificaciones a la Ley de Abastecimiento.

El primero interpela directamente a los fondos buitre que representan el 1% del 7% de acreedores que aún no ingresaron a las reestructuraciones de deuda propuesta por Argentina y que obtuvieron un 92,4% de aceptación, algo inédito en la historia. Tan inédito como que aquel 1% pueda poner en riesgo toda la reestructuración.

Dicho proyecto no contó con el acompañamiento de los sectores opositores quienes, en su mayoría, afirmaron simplemente que “hay que cumplir el fallo del juez Griesa”. Sin tomar en cuenta las consecuencias que esto podría traer, ya no a este gobierno, sino a las futuras generaciones de argentinos que deberían cargar sobre sus espaldas el reclamo, y posterior pago, al 92,4% que podría exigir las mismas condiciones que los buitres al dispararse la cláusula de derechos sobre futuras ofertas (RUFO por sus siglas en inglés).

Las propuestas superadoras de estos sectores brillaron por su ausencia y sólo se limitaron a realizar cuestionamientos técnicos al proyecto del Ejecutivo que suele tomar la iniciativa con políticas activas en materia de desendeudamiento externo. El pago al FMI, las reestructuraciones de deuda en 2005 y 2010, y el acuerdo con el Club de París son ejemplos significativos.

En el plano internacional, Argentina propuso en las Naciones Unidas (ONU), a través del G77 más China, la creación de un marco legal para la reestructuración del pago de deudas soberanas a nivel mundial. Dicho proyecto fue aprobado por 124 países y contó con el rechazo de 11 y la abstención de 41. Entre los 11 rechazos se encuentran los Estados Unidos, Alemania y Japón, países con fuertes intereses en sostener la lógica financiera especulativa actual. Las abstenciones de Francia, España e Italia, que suelen votar en sintonía con los EEUU, reflejan un cambio en sus posturas que, lejos de solidarizarse con nuestro país, los muestra encerrados dentro de la lógica financiera que no se atreven a desafiar.

Pasemos al segundo proyecto. La ley de abastecimiento fue sancionada en 1974 con el objetivo de establecer reglas para que las grandes empresas no abusen de su posición dominante, generando aumentos desmedidos en las cadenas de valor o quitando productos del mercado con objetivos inconfesables. La eliminación de las penas de prisión a los empresarios y la actualización de los valores de las multas son las principales actualizaciones a esta ley. Estas modificaciones no se ponen de relieve en el debate sino que la ley, en todo su conjunto, es fuertemente cuestionada por los grandes empresarios que buscan instalar a través de los medios hegemónicos, con quienes tienen intereses afines, la idea de “chavización” de la Argentina. Este término es utilizado para comparar a nuestro país con Venezuela, olvidando u ocultando que en el resto del mundo también existen regulaciones y sanciones a los abusos de las grandes empresas contra los consumidores, sin que eso represente una “¿amenaza socialista?” sino más bien lo contrario, una “mano visible” que establece un marco de desarrollo capitalista con reglas claras. En definitiva, los grandes empresarios no quieren rendirle cuentas a la ciudadanía representada por… el Estado.

En este contexto, el arco opositor sostiene que Argentina está “aislada del mundo”. Siguiendo esta lógica, la votación de la ONU pasa a un segundo o tercer plano ya que estar integrados al mundo significa, para ellos,  “que los mercados nos presten plata”. Y así, sin más, se ocultan los acuerdos económicos de nuestro país con China, Rusia, el Banco Mundial. Y se desestima por completo el acuerdo alcanzado con el Club de París.

Es entonces cuando uno comienza a observar que, para estos opositores seriales, estar integrados al mundo significa lisa y llanamente: depender de los Estados Unidos. Principal potencia hegemónica financiera y militar que está siendo fuertemente cuestionada por una inmensa mayoría de países en todo el mundo que buscan generar un nuevo orden mundial de característica multipolar que respete la soberanía de cada país.

No hace falta leer libros de historia para recordar que en la década del 90 nuestro país fue “ejemplo del mundo” y consagrado como el “mejor alumno” por hacer los deberes que ordenaban los maestros del Fondo Monetario Internacional. Ocurrió ayer nomás. Las recetas del Consenso de Washington que exigían, reducción del gasto público, privatización de las empresas estatales, liberación de las importaciones, desregulación del mercado y de las entidades financieras, tipo de cambio competitivo y “seguridad jurídica”, nos llevaron al estallido social del 19 y 20 de diciembre de 2001.

La imposibilidad de los partidos políticos de reconciliarse con su propia identidad, origen y representación, los lleva a aceptar, por acción u omisión, una lógica de mercado, financiera, especulativa, impuesta a fuego durante la última dictadura militar y consagrada en los ’90.

Frente a la mano invisible del mercado que pregona el “socialismo”, el respeto por las leyes norteamericanas que promueven los “radicales”, ante el pedido de los “liberales” de no cambiar las reglas de juego, y el eterno inconformismo de una “izquierda” que vota con la mano cambiada. El gobierno nacional plantea un desafío a los mercados financieros: un capitalismo racional, con la gente adentro. La mano irreversible del Estado. Algo que genera rechazos, con distintos argumentos, por izquierda y por derecha. Sin embargo esta concepción, lejos de aislar al país, lo está integrando al mundo como referencia ineludible de un nuevo orden.