La declaración anuncia como "sujeto político y jurídico soberano" superando los límites que impone la Constitución española. Por consiguiente, el texto abre un conflicto con el gobierno central del derechista Partido Popular (PP) de Mariano Rajoy, que no está dispuesto a aceptar el desafío surgido de la rica aunque endeudada región.

La declaración fue aprobada por 85 votos -de los 133 presentes- a favor, 41 en contra y hubo 2 abstenciones, según anunció la presidenta del parlamento regional, Nuria de Gispert.

Cinco diputados socialistas no votaron –rompiendo la disciplina partidaria- por discrepancias con la decisión del líder de su partido de rechazar la resolución, mientras los representantes del PP catalán se retiraron del parlamento en el momento de la votación.

Los ecosocialistas de Iniciativa per Catalunya Verds (ICV) a cambio de su apoyo, exigieron también que el texto hiciera hincapié en el "derecho a decidir del pueblo de Cataluña", para que se abriera la posibilidad a que se pudieran debatir otros proyectos en el futuro, y no sólo la opción de la independencia.

Es la cuarta vez que el Parlamento catalán proclama el derecho de autodeterminación de Cataluña, aunque en esta ocasión supone un desafío mayor para la frágil España, sumida en una crisis sin precedentes y con una parte importante del pueblo catalán movilizado como nunca a favor de la independencia.