A varias semanas del nombramiento de Capitanich como jefe de Gabinete, el ex mandatario volvió al Chaco y realizó una conferencia de prensa junto al vicegobernador, a cargo del Ejecutivo, Juan Carlos Bacileff Ivanoff. Entre otras cosas mencionó que se desplegó “un sistema de monitoreo para evaluar la situación en cada una de las provincias”.
“Hoy y ayer estuve dialogando con la gobernadora de Catamarca, Lucía Corpacci y lo mismo hice con los gobernadores Antonio Bonfatti (Santa Fe), Daniel Scioli (Buenos Aires) y José Manuel de la Sota (Córdoba) para hacer un monitoreo adecuado de la situación”, explicó el funcionario.
Capitanich recordó que a través de un fallo de la Corte Suprema de Justicia, del 13 de abril 1869, se ratifica que la seguridad pública es un poder no delegado por lo que “indudablemente la administración de la seguridad y la política salarial es una competencia exclusiva, excluyente y estrictamente provincial”.
“La seguridad pública está regulada en virtud de la Ley 24059 y sus modificatorias y eso implica que frente a causales expresamente establecidas en los artículos 23 y 24, debe haber un pedido formal para requerir apoyo por parte del Estado nacional”, explicó.
En este sentido el jefe de gabinete dijo que el Estado nacional no puede entablar ninguna negociación salarial con ningún actor gremial en el ámbito provincial, porque eso sería violatorio de las autonomías de cada jurisdicción.

A varias semanas del nombramiento de Capitanich como jefe de Gabinete, el ex mandatario volvió al Chaco y realizó una conferencia de prensa junto al vicegobernador, a cargo del Ejecutivo, Juan Carlos Bacileff Ivanoff. Entre otras cosas mencionó que se desplegó “un sistema de monitoreo para evaluar la situación en cada una de las provincias”.

“Hoy y ayer estuve dialogando con la gobernadora de Catamarca, Lucía Corpacci y lo mismo hice con los gobernadores Antonio Bonfatti (Santa Fe), Daniel Scioli (Buenos Aires) y José Manuel de la Sota (Córdoba) para hacer un monitoreo adecuado de la situación”, explicó el funcionario.

Capitanich recordó que a través de un fallo de la Corte Suprema de Justicia, del 13 de abril 1869, se ratifica que la seguridad pública es un poder no delegado por lo que “indudablemente la administración de la seguridad y la política salarial es una competencia exclusiva, excluyente y estrictamente provincial”.

“La seguridad pública está regulada en virtud de la Ley 24059 y sus modificatorias y eso implica que frente a causales expresamente establecidas en los artículos 23 y 24, debe haber un pedido formal para requerir apoyo por parte del Estado nacional”, explicó.

En este sentido el jefe de gabinete dijo que el Estado nacional no puede entablar ninguna negociación salarial con ningún actor gremial en el ámbito provincial, porque eso sería violatorio de las autonomías de cada jurisdicción.