Este jueves se votó en la Legislatura de la Ciudad el proyecto que autoriza al Poder Ejecutivo, a través de Subterráneos de Buenos Aires del Estado (SBASE) a ceder la concesión del servicio a una firma privada. El plazo previsto para la concesión es de 12 años, con la posibilidad de prorrogarlo por otros tres. Además establece una prórroga de un año del contrato con Metrovías. 

El texto plantea la “elección de un concesionario a través del proceso de Licitación Pública Nacional e Internacional”, el cual tendrá el control del servicio público y las líneas nuevas o expansiones de las líneas existentes que se construyan en el futuro. 

Con 32 votos a favor, 23 en contra, y una abstención, le dieron luz verde a la normativa impulsada por el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta que prevé "otorgar bajo el régimen jurídico de concesión de servicio público la operación y mantenimiento del Sistema de Transporte Ferroviario de Pasajeros de Superficie y Subterráneo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires(Subte)", hecho que recibió fuertes críticas por parte de la oposición. 

sobre la cantidad de votos necesarios para aprobar la medida la ganó el oficialismo, por lo que se requerirán 31 votos debido a que se trata de la concesión de un servicio público, por lo que Cambiemos gambeteó el artículo 82 de la Constitución de la Ciudad, que estipula la necesidad de contar con dos tercios de los votos para aprobar "toda concesión, permiso de uso o constitución de cualquier derecho sobre inmuebles del dominio público de la Ciudad, por más de cinco años". Al mismo tiempo los legisladores omitieron el art. 89 inciso 5 de la carta magna porteña que establece que tienen el procedimiento de doble lectura "toda concesión, permiso de uso o constitución de cualquier derecho sobre el dominio público de la Ciudad".

Los opositores habían presentado diversos proyectos que coincidían en la necesidad de reestatizar el servicio. La iniciativa redactada por el Frente para la Victoria planteaba dar por finalizado el modelo de gestión privado administrado por Metrovías S.A. desde 1994 y reemplazarlo por uno estatal.

En los fundamentos de la norma, los legisladores opositores denunciaron que "la gestión privada no logró aportar calidad de servicio y tarifas adecuadas que puedan ser consideradas suficientes para garantizar la accesibilidad de los usuarios" y que "la deficiente calidad del servicio brindado a los pasajeros no se condice con el resto de las experiencias internacionales, incluso si se consideran los servicios equivalentes en otras ciudades latinoamericanas como Santiago de Chile, San Pablo, Río de Janeiro y Ciudad de México".

Por último, afirman que "no se encuentra acreditada una inversión real de la empresa concesionaria, más aún si se tiene en cuenta que actualmente el sostenimiento económico-financiero de la gestión privada en la prestación del servicio se cubre con subsidios y la tarifa que abona directamente el pasajero (que incluye un monto destinado a cubrir la rentabilidad empresaria que podría ser omitido en caso de una gestión estatal del servicio)".

La iniciativa privatista del Ejecutivo de la Ciudad se basa en la necesidad de optimizar el uso de recursos y recortar el gasto público. Sin embargo, pese a estar el servicio en manos privadas, el Presupuesto 2017 contempló una inversión de 6281 millones de pesos en los subterráneos porteños, los que representa un 3,5% por ciento del total de fondos del Estado distrital.

En concordancia con el proyecto kirchnerista, el socialista Adrián Camps resaltaba que "resulta imprescindible que el Estado asuma la potestad de administrar el servicio, implemente un plan a corto plazo de mejoras de la infraestructura existente y adopte un programa a largo plazo para ampliar el servicio. Todos estos objetivos serán posibles a través de la gestión estatal, pues de esa manera no mediarán intereses económicos y lucrativos por parte de las empresas privadas".

Fuente: Agencia Paco Urondo