En agosto de 2013 se abrió un expediente bajo el nombre de Nº 42.492 “GCBA s/Otros Procesos Incidentales”. Esta investigación judicial puso muy nervioso al Gobierno de Mauricio Macri -en ese entonces jefe de Gobierno- y a todo el PRO. Tal es así, que el juez que la inició fue rápidamente apartado del cargo, quedando todo en las manos menos confiables.

Tal como expresa claramente, Carlos Romero en una nota del portal Nuestras Voces, el hecho fue silenciado por las maniobras judiciales del PRO y el conveniente desinterés de los medios de prensa que imponen la agenda.

En vez de esclarecer el caso, el gobierno macrista se focalizó en bloquear el avance de la investigación y, la primera gran medida para hacerlo, fue lograr destituir al juez Andrés Gallardo, por "falta de imparcialidad".

Para entender un poco de qué se está hablando basta con conocer los pasos que dio el juez antes de ser apartado. "Morgues en condiciones peores a las de un basural", aclara en la nota, donde se comenta la situación con que se encontró Gallardo al iniciar sus averiguaciones. Hasta un depósito de botellas de cerveza en una cámara de frío.

El titular del Juzgado N° 2 en lo Contencioso, Administrativo y Tributario consideró que los delitos a determinar iban desde la violación de deberes de funcionario y la eventual falsificación de partidas de defunción, hasta la posible supresión de identidad y desaparición de cadáveres. Pero nada de eso ocurrió.

Por el contrario, la Justicia delegó la investigación en el tribunal nº 7 ahora en manos de Martín Miguel Converset: un joven magistrado porteño muy ligado al presidente de Boca, Daniel Angelici, destacado operador de Macri en Comodoro Py.

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