En los considerandos del decreto se indica que con estas bonificaciones se busca "reconocer y mantener una adecuada jerarquización en relación con la capacidad, responsabilidad y dedicación que requiere la correcta ejecución de la actividad de los integrantes" de las mencionadas fuerzas.

Con las firmas de la presidenta Cristina Fernández, el jefe de Gabinete Jorge Capitanich, y la ministra de Seguridad María Cecilia Rodríguez, además se explica que las bonificaciones se otorgan "en razón de las exigencias a que se vea sometido el personal" y "ambientes o situaciones especiales en que deba actuar".

En ese sentido, se tiene en cuenta especialmente "su contribución al esfuerzo nacional de policía tendiente a resguardar la libertad, la vida y el patrimonio de los habitantes, sus derechos y garantías y la plena vigencia de las instituciones del sistema representativo, republicano y federal que establece la Constitución Nacional".

Con este decreto, el salario mínimo de bolsillo de bolsillo de los efectivos de seguridad nacionales se elevaría entre los 8.500 y los 10.000 pesos, en coincidencia con lo otorgado por las provincias que tuvieron revueltas policiales.