El Congreso español aprobó la reforma de la justicia universal que implica el archivo de decenas de causas abiertas en la Justicia, como lo es el reciente caso sobre supuesto genocidio en el Tíbet por parte de China y que provocó una queja de Beijing.

Fue propuesta por el gobernante Partido Popular y contó con el rechazo en bloque de toda la oposición parlamentaria.

De esta forma la ley restringe las condiciones en las que un juez español puede investigar delitos cometidos fuera del territorio nacional, lo que se conoce como justicia universal.

La iniciativa, que modifica la Ley orgánica del Poder Judicial, fue tachada por la oposición de "inconstitucional" porque permite el sobreseimiento con carácter retroactivo de las causas abiertas en los tribunales españoles que, según argumentó el PP, en su mayoría están archivadas, publicó Tiempo Argentino.

Sin embargo, la oposición socialista señaló que la norma pretende "estrangular" la justicia universal ya que todos los procesos abiertos se sobreseerán de forma automática. "Esta será su herencia, su marca España", reprochó al PP la diputada Soraya Rodríguez, del PSOE.