Un día después de conocerse el polémico fallo de la Sala I de la Cámara Contencioso Administrativo de Tucumán, que declaró la “nulidad” de los comicios que se desarrollaron el 23 de agosto, el Gobierno tucumano, por medio de la Fiscalía de Estado, presentó un recurso de apelación.

La decisión del Gobierno tucumano se conoció el jueves por la tarde, después de una jornada en la que distintos dirigentes del Frente para la Victoria cuestionaron el accionar de la justicia local, mientras casi todo el arco político opositor, tanto en la provincia como a nivel nacional, celebró el polémico fallo judicial y a intentó capitalizar sus efectos políticos.

La fiscalía presentó el recurso de apelación ante la Cámara Contencioso Administrativo en respuesta al fallo que anuló las elecciones en la provincia, donde el candidato del FPV, Juan Manzur, se impuso por más de 11 puntos de ventaja sobre su inmediato perseguidor de Acuerdo para el Bicentenario, José Cano.

El tema llegará en los próximos días a la Corte Suprema de Tucumán porque si la Cámara rechaza la apelación y no le corre vista al máximo tribunal local, los propios apoderados del peronismo local llevarán la queja a esa instancia.

Por su parte, si el conflicto no se resuelve antes del 28 de octubre, fecha en la que concluye el mandato del actual gobernador, José Alperovich, la provincia podría quedar acéfala por lo que sería posible una intervención del distrito.

En este sentido, el actual gobernador afirmó que “dos jueces no pueden parar la voluntad de 900.000 tucumanos” que emitieron su voto, mientras que sobre la orden de convocara a una nueva elección, sostuvo que "no se puede cumplir en 40 días", en relación con la fecha de finalización de su mandato.

Respecto al fallo, Alperovich expresó: "Fue un golpe contra la democracia, un golpe contra la voluntad popular no solamente de los que nos votaron a nosotros sino de todos los tucumanos que fueron a votar”.

Sobre los plazos para convocar a una elección, el secretario de la Junta Electoral de Tucumán, Darío Almaraz sostuvo que "se podrían hacer en -por lo menos- cuatro meses" ya que " hay que cumplir todos los plazos que figuran en la legislación provincial".