Como ocurrió con el caso de Santiago Maldonado, Amnistía Internacional volvió exigir al Gobierno que brinde explicaciones, esta vez, por el asesinato de Rafael Nahuel durante un operativo de Prefectura en Bariloche.

La organización solicitó al Gobierno acceso a la información pública del Ministerio de Seguridad sobre los operativos de la fuerza. El pedido para que brinden información y fundamentos jurídicos de los procedimientos fue enviado a la ministra, Patricia Bullrich; y al jefe de Gabinete de la cartera, Pablo Noceti.

“Conforme a los estándares internacionales de derechos humanos, el Estado es responsable de garantizar que el uso de la fuerza sea utilizado como último recurso y con estricto apego a estas normas”, planteó Amnistía. 

A su vez, la organización envió también cartas a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados y a la Comisión de Pueblos Indígenas de la Cámara de Senadores de la Nación.

“El principio republicano de gobierno, que incluye la estricta división y control entre los poderes del Estado, exige que el Poder Legislativo cumpla un rol fundamental en el monitoreo y efectiva implementación de la ley de emergencia territorial (26.160) por parte del Poder Ejecutivo y, en general, en situaciones en que se vulneran los derechos fundamentales reconocidos en nuestro ordenamiento jurídico”, indicó.

Por último, Amnistía Internacional envió también una carta al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) para pedir información sobre los antecedentes del conflicto territorial en esa zona y su estado de situación.