El domingo 2 de marzo de 2003, militantes vinculados a Luis Barrionuevo imponían en Catamarca un clima de guerra e impedían la realización de elecciones provinciales, realizando lo que sería conocido como quema de urnas.

El gastronómico quería candidatearse a gobernador pero, según la justicia catamarqueña, no reunía las condiciones necesarias (por ejemplo, cuatro años de residencia continua). Entonces, Barrionuevo denunciaba proscripción y prometía lo que finalmente sucedió.

Quince años más tarde, la jueza María Romilda Servini resuelve intervenir el Partido Justicialista nacional, lo que el peronismo califica como virtual proscripción, y es Luis Barrionuevo el instrumento político para ejecutar el fallo judicial.

Poco después de conocido el fallo, el dirigente gremial se hizo presente en la sede del PJ para poner en práctica su paradojal designación pero, ante la presencia de dirigentes justicialistas, incluso del presidente José Luis Gioja, decidió “pedir el desalojo” de Gioja.

"Quiero que sepan que ahora el compañero Gioja se ha encerrado en una oficina y vamos a pedir el desalojo a la justicia, pero sin incidentes", completó Barrionuevo ante numerosos medios de prensa.