A través del decreto 721/2016, Mauricio Macri modificaba otro de enero de 1984, por medio del cual el entonces presidente Raúl Alfonsín delegaba “facultades en el titular del Ministerio de Defensa" con respecto al manejo de los recursos humanos las Fuerzas Armadas.

Alfonsín sometía al Ejército a la supervisión del gobierno civil, con el objetivo de mantener el control sobre la organización interna. Macri, por el contrario, hizo que los militares puedan, por sí mismos y sin mediación de civiles, decidir ascensos, traslados, designaciones, premios, etc.

Pero el macrismo pretende ir más allá otorgando atribuciones a las Fuerzas Armadas. Ahora, funcionarios del Ministerio de Defensa, que conduce el radical Julio Martínez, trabajan en secreto en un proyecto de ley que permitirá a las FFAA realizar tareas de inteligencia interna, con la vista puesta en delitos transnacionales, algo que prohíben taxativamente la Ley de Defensa.

Esos funcionarios responden al mayor retirado del Ejército Juan José Gómez Centurión, referente del PRO en la materia, que opera como ministro de Defensa en las sombras, según publica el diario Tiempo Argentino.

Gómez Centurión tiene aceitados vínculos con Aldo Rico, quien el 9 de julio participó de un desfile organizado por el Gobierno: el mayor macrista participó, por su parte, de los levantamientos militares de Semana Santa y Monte Caseros que jaquearon al gobierno de Alfonsín.

Macri, de hecho, lo quería al frente de la cartera de Defensa, pero el radicalismo puso de relieve su prontuario antidemocrático, así que terminó como director general de Aduanas.

Sin embargo, el citado diario da cuenta de que los cuadros que formó y condujo como director del área de Defensa de la Fundación Pensar –el think tank del PRO– ocupan cargos clave del organigrama ministerial: el subsecretario de Planeamiento Estratégico y Política Militar, coronel (R) Hugo Patricio Pierri, y por debajo de Pierri el también coronel (R) Jorge Garcia Mantel, como director general.

Ellos manejan el borrador en total secreto, ya que temen que una filtración irrite a los socios de la UCR y detone una crisis en Cambiemos antes de tiempo. “La idea es presentarla en el segundo semestre”, explicó a Tiempo una fuente del Ministerio.

La misma fuente aseguró que, previo a la presentación del proyecto, se buscará crear las condiciones sociales para su aceptación con una campaña de saturación de noticias sobre el narcotráfico y su efecto corruptor sobre la política y las fuerzas de seguridad. Una campaña que, como se puede apreciar diariamente en la TV, ya comenzó.