A horas de que se inicie la sesión en Diputados para tratar –a pedido de Griesa y de los buitres– la derogación de la leyes Cerrojo y de Pago Soberano, un fiscal federal abrió una causa penal para investigar si hubo delito en las tratativas que derivaron en el acuerdo.

El fiscal Federico Delgado solicitó que la Jefatura de Gabinete de la Nación presente "todos y cada uno de los documentos en cualquier soporte, que directa o indirectamente vinculados a la cuestión de los 'fondos buitres', ya sea en el marco de las causas que sustancian en Nueva York o en otros tribunales arbitrales, administrativos y/o judiciales del mundo".

Con esos elementos, el miembro del Ministerio Pública buscará determinar si los funcionarios macristas que llevaron adelante la negociación cometieron algún delito en sus funciones. Entre ellos, el ministro Alfonso Prat Gay y el secretario Luis Caputo.

La denuncia fue presentada ante el juez Sebastián Casanello por los abogados Eduardo Barcesat, Horacio Corti y Jorge Cholvis en representación del instituto 'Arturo Sampay'.

En la presentación formal de los abogados se presumen delitos de “traición con sometimiento, defraudación por administración fraudulenta, abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público".