"Hay gente que aparece como abanderada de la lucha contra la corrupción y no tiene la misma conducta en materia de delitos económicos. En la dictadura casi nadie hablaba de que los jueces debían ser independientes. En los ‘90 tampoco. En cambio cuando el Ejecutivo quiso intervenir en la economía con controles que existen en todos los países avanzados, o con el cobro de impuesto o la persecución a las cuevas financieras, ahí se empezó a hablar de que los jueces eran atacados en su independencia. Fue ante la queja", las definiciones pertenecen a la titular de la Procuración General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, en el marco de una entrevista publicada este domingo en Página 12.

Además, Gils Carbó defendió el accionar de Carlos Gonella, fiscal de la PROCELAC, y dijo que la causa que se impulsa en su contra por prevaricato "está armada" ya que "nunca hubo un proyecto que lo incluyera y después lo excluyera" al empresario contratista Lázaro Báez en las investigaciones sobre presuntas maniobras de lavado de dinero, razón por la que el juez Martínez De Giorgi tomó tal decisión.

Para Gils Carbó, hay "algo raro" por detrás de estas determinaciones judiciales y lo vinculó a que "se produce justo cuando se reforma el Código Procesal hacia un sistema acusatorio", la cual "desconcentra el poder absoluto que tenía el juez de instrucción y se orienta a dar una total transparencia al proceso penal".

ENTREVISTA COMPLETA:

–El fiscal Carlos Gonella, de la Procuraduría sobre Lavado, enfrenta una causa por prevaricato. El ya apeló, pero me gustaría saber su postura.

–Es una causa armada. De ninguna manera cometió prevaricato.

–¿En qué se basa para decirlo?

–En algo tan manifiesto como que cuatro testigos, que son nada menos que los secretarios de la fiscalía de Guillermo Marijuán, declararon que no recibieron orden de Gonella de excluir a Lázaro Báez de ninguna imputación. Nunca hubo un proyecto que lo incluyera y después lo excluyera.

–¿Y tampoco ocurrió que Gonella descartara indicios evidentes?

–Gonella actuó durante 48 horas. El escrito fue firmado por el fiscal que en ese momento estaba como subrogante, Ramiro González, que ni siquiera fue citado como testigo. Después de las declaraciones de Fariña y Elaskar y de que ambos se desdijeran, Gonella llevó su material y pidió medidas. En base a la información producida también por Gonella fue que Marijuán luego pudo imputar a Báez. No hay un plazo perentorio. Las fiscalías van pidiendo más información. Como dos personas se habían desdicho, Gonella pidió más información. Y terminó siendo productivo para la imputación de Báez.

–¿No hubo una instrucción suya para proyectar de una determinada manera las cosas?

–En absoluto. Ninguna instrucción. Lo que pasa es que acá hay un trasfondo.

–¿Cuál sería?

–El sesgo es que solo acusen a un fiscal y no a otro. No sé con certeza cuál es el trasfondo, pero percibo algo raro porque se produce justo cuando se reforma el Código Procesal hacia un sistema acusatorio. No es cualquier reforma: desconcentra el poder absoluto que tenía el juez de instrucción y se orienta a dar una total transparencia al proceso penal. Hasta hoy vivimos procesos oscuros y largos. En un sistema acusatorio el fiscal, el defensor y la víctima llevan sus pruebas y se muestran en una audiencia pública. El sistema acusatorio habría hecho imposible que Gonella fuese procesado. Primero porque actuó correctamente y en segundo lugar porque la oralidad y la transparencia erradican la oscuridad y las largas demoras que llevan a la manipulación y al antojo de un juez, y de paso ponen de manifiesto cómo actuó cada uno con absoluta nitidez. Otra hipótesis mía es que la persecución sea por la actividad del propio fiscal Gonella.

–¿Por qué alguien podría estar persiguiéndolo?

–Cuando yo era fiscal me denunciaban a menudo. Buscaban disciplinarme cuando tocaba a grupos de poder. Cuando lo nombré a Gonella, le dije: “Vas a ser el fiscal más perseguido, porque hasta ahora se investigó muy poco, y las pruebas están a la vista, y vos te vas a poner a investigar en serio”.

–¿Qué se investigó poco?

–La entrega de recursos naturales no renovables, el vaciamiento de la aerolínea de bandera, el sobreendeudamiento del país con dólares que encima no vinieron para el desarrollo, el quiebre del sistema bancario, el vaciamiento del patrimonio social de la Argentina. Con demoras, con impunidad y con oscuridad el vaciamiento no puede ser castigado. Ahora, en cambio, algunos grupos de poder quieren disciplinar al que lucha contra el lavado de dinero para que no investigue más.

–¿Qué causas seguía Gonella con especial atención?

–Cuentas suizas, irregularidades en el BNP Paribas. La Procelac, la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos, tiene un cuerpo de investigadores. Nunca lo hubo. En general cuando la gente dice que la Justicia investiga es falso. En el mejor de los casos investigan las fuerzas de seguridad, a veces bien y a veces mal, cada una a su modo. El fraude bancario no es una abstracción. Significa perder los ahorros de toda una vida. Hay causas que duermen 14 años y muchas veces terminan en la prescripción. Tandanor es un caso de prescripción estafatoria. Se entregó un patrimonio social por una seña ínfima que a los pocos meses permitió vender terrenos por 18 millones de dólares y jamás se pagó ni siquiera un precio mínimo por el astillero. Tandanor se mantuvo solo gracias a centenares de trabajadores que llevaron la empresa adelante. Sigo con Gonella, ya que hablábamos de él. Otra de sus investigaciones apuntó a las conexiones argentinas de José Luis Bárcenas, el ex tesorero del Partido Popular español que terminó preso. La denuncia de Gonella fue desestimada por el juez Marcelo Martínez de Giorgi. Gonella también fue amenazado en Tucumán por sus investigaciones sobre el clan Alé y aquí desplegó investigaciones sobre las cuevas y los delitos cambiarios que sirvieron a la manipulación del valor del dólar, que siempre fue un gran negocio para quienes quieren obtener ganancias sin producir. Otra de las áreas de investigación de la Procelac fue el sistema de otorgamiento de créditos para estafar a los sectores más vulnerados, esos créditos supuestamente fáciles de obtener que se publicitan en Constitución. Bien: detrás están los grandes bancos.

–¿Qué Corte es su Corte ideal? ¿De cuatro miembros, de cinco, de siete, de nueve, de 19?

–La ley actual dice que tiene que ser de cinco, ¿no? Apenas se produzca una vacante debería cumplirse con la Constitución y con las disposiciones sobre transparencia e impugnaciones que establece el decreto 222. En general hay muchos modelos. Están las cortes de muchos miembros con varias salas, por ejemplo. Cinco, el número argentino, es una de las cifras más exiguas. En fin, se trata de una decisión política...

–¿A la Procuración le afectaría que después de la renuncia de Raúl Zaffaroni la Corte quedara con cuatro miembros?

–Que la Corte no quede plenamente integrada me afecta en el sentido de que si no se cubren vacantes importantes pierda credibilidad el sistema de justicia en su conjunto. Por otra parte, es obvio que el número par puede causar más demoras. Es matemática pura.

–¿Usted es o se siente precandidata a la Corte?

–No, no soy precandidata a la Corte. Me gusta ser fiscal. Aquí tengo un proyecto en marcha para fortalecer el Ministerio Público Fiscal y ponerlo a la altura de los estándares internacionales.

–Raúl Zaffaroni habló en este diario y en una conferencia en la Feria de Guadalajara de genocidio por goteo. Se refería a los muertos por letalidad policial en Sudamérica, a las cárceles llenas de jóvenes y pobres, o jóvenes pobres y negros y, por supuesto, a la masacre mexicana.

–La pobreza ataca la alimentación y el acceso a la salud y todos los derechos de las personas más vulnerables. La pobreza pega en el lado más flaco y la Justicia muchas veces refuerza la selectividad en contra de esos sectores. La Procuraduría de Violencia Institucional trabaja con todos los fiscales del país reforzando la investigación de causas que vienen de fuerzas de seguridad y el maltrato en las cárceles, que todavía son vejatorias de los derechos humanos. También los presos deben tener acceso a la salud y a la educación, y en lo posible al trabajo. Una de las experiencias preocupantes es que hay gran cantidad de jóvenes encarcelados.

–Doctora, dentro de la discusión sobre el sistema de justicia, ¿no atrasan argumentos como haber descubierto ahora que el juez Claudio Bonadio fue uno de los jueces nombrados en una servilleta durante el gobierno de Carlos Menem?

–Me parece importante establecer un enfoque general. La administración de justicia va cambiando de paradigma pero es algo que está en marcha. El nuevo paradigma debiera ser uno donde la corrupción judicial sea atacada. El Consejo de la Magistratura estaba paralizado. Como fiscal general hice graves denuncias contra jueces. No eran investigados, siguiendo con un corporativismo peligroso para la sociedad. Ese corporativismo partió del grupo corporativo de jueces que ocupan sitios en el Consejo. Tengo esperanza de que esa situación cambie a partir de la nueva presidencia del organismo. Hay que mantener un alerta. Debería haber mayor interés político en examinar más la conducta de jueces que son corruptos. Pasó con José Luis Monti, a quien denuncié repetidamente. Le encontraron un millón y medio de dólares sin declarar. ¡A un juez comercial! La renuncia fue desestimada y de la causa penal no tenemos noticias. Supe que la Unidad de Información Financiera se presentó como querellante.

Hay gente que aparece como abanderada de la lucha contra la corrupción y no tiene la misma conducta en materia de delitos económicos. En la dictadura casi nadie hablaba de que los jueces debían ser independientes. En los ‘90 tampoco. En cambio cuando el Ejecutivo quiso intervenir en la economía con controles que existen en todos los países avanzados, o con el cobro de impuesto o la persecución a las cuevas financieras, ahí se empezó a hablar de que los jueces eran atacados en su independencia. Fue ante la queja.

–¿No hay una crítica maniquea por un lado a quienes solo se preocupan de casos de corrupción en el poder político y por el otro a los que se inquietan por las presiones del poder económico?

–Para mí la cuestión es simple. Todos debemos cumplir con las leyes dictadas en beneficio del interés general. En cuanto a los jueces, la cuestión a discutir no es solo la independencia sino la dependencia respecto de los poderes fácticos y corporativos. Así surgió Justicia Legítima.

–En la mayoría de las provincias, 17 sobre 24, el sistema vigente ya es el acusatorio, donde los fiscales impulsan la acción penal e investigan y los jueces dan garantías y fallan. Una de esas provincias es la de Buenos Aires, donde los fiscales no suelen tener el suficiente control y ese fenómeno provoca debilidad en el seguimiento de las causas y en la legalidad de los actos de la Policía Bonaerense. ¿No hay un endiosamiento mágico del sistema acusatorio?

–Es que no trae la solución por sí solo. Tiene que ver con un esfuerzo de contar con líneas de política criminal clara, con una planificación y con una estrategia. Disculpas por la insistencia, pero el trabajo articulado significa un autocontrol de los mismos fiscales. En el sistema inquisitivo, cuando los jueces llevan adelante la investigación, ante un caso de corrupción un fiscal puede recibir un llamado o una intimidación. Puede ser llamado a adoptar una posición contraria. En un equipo eso no puede suceder. Otros mirarían. El equipo sirve para el control y mejora los resultados. Es como la lucha contra el delito. Uno tapa un agujero y se abre otro en otro lugar. Hay que estar constantemente produciendo información y previendo escenarios y estrategias de persecución que permitan llegar a los cabecillas. Si no la selectividad del sistema penal lleva a perseguir solamente a los escalones bajos del delito y deja libres a los jefes de las organizaciones criminales.

–Es una de las discusiones mundiales en relación con la droga, ¿no? Página/12 publicó un documento de Naciones Unidas que firmaban entre otros Mario Vargas Llosa y Fernando Henrique Cardoso y recomendaba como grandes objetivos bajar el nivel de violencia y reducir los daños de la droga con políticas de salud pública.

–Hay un avance en el debate de la despenalización también. Acá tiene que haber un debate serio y un proyecto bien estudiado. Efectivamente el fin es disminuir la violencia y desalentar a las organizaciones criminales. Cuando uno ataca una organización y no piensa cómo se genera un vacío, ese vacío lo llena la guerra, la incautación de droga eleva indirectamente el precio y las cosas pueden empeorar.

–Como si el Estado cotizara el negocio.

–Y como si en lugar de frenar la escalada de violencia la incrementara, sin hacer tampoco que baje el consumo. Por eso tiene que haber un debate amplio, consensuado, planificado. Está el fallo Arriola, de la Corte Suprema, que de alguna manera despenaliza la tenencia para el consumo. Esa línea de trabajo debería permitir que se incrementen los programas de asistencia al adicto. Y la actividad judicial debe orientarse a luchar contra el crimen y no contra personas que son víctimas de un problema de salud del que no pueden liberarse. Muchos venden drogas por adicción y miseria. También el sistema debiera tener una mirada distinta sobre ellos. No se soluciona así el problema de la corrupción ni de la violencia. Antes de que creásemos la Procuraduría sobre Narcotráfico, la Procunar, no había un equipo especializado. Enseguida hubo grandes cambios. Desde que se creó fue encarcelado el jefe de la Policía de Santa Fe, el jefe de Drogas Peligrosas de Córdoba y hace poco el jefe de Drogas Peligrosas de la policía formoseña. Formaban parte de una organización criminal. Esto es lo que debe preocupar. Hay que estar muy atentos para evitar que se coopten funcionarios. Cuando el narco se infiltra en la policía y en el Estado, como en México, aumentan los problemas de la impunidad y la violencia hasta extremos enormes.