A días de haber comenzado el segundo semestre de mandato de Mauricio Macri, pocas (por no decir inexistentes) son las medidas que se han tomado desde los distintos poderes hasta el momento a favor de los trabajadores, la clase media  y los sectores más vulnerables de la sociedad. Sin embargo la imagen positiva del Presidente aun ronda cerca del 45 % y los medios de comunicación locales, en su mayoría los corporativos, no reflejan en sus contenidos y programaciones las consecuencias devastadoras de la brutal transferencia de ingresos a los sectores concentrados que se ha producido en tan poco tiempo. No cabe duda en este sentido que así como los grandes medios de comunicación  y la opinión Pública lograron empujar a Macri a la Presidencia, tratarán de sostener lo máximo posible su imagen positiva y trabajarán sin descanso el imaginario colectivo hasta correr del mapa político al Kirchnerismo, encabezado por Cristina Fernández de Kirchner, que representa un proyecto de país completamente antagónico al actual y una opción legítima de gobierno para un tercio de la población.

Lo preocupante de la situación ya no es simplemente lo que las empresas corporativas de medios nacionales e internacionales logran instalar en la Opinión Pública y Agenda, sino como eso ha modificado en los últimos meses el Estado de Derecho, lo que prevé la Constitución, los bordes de la Democracia, el accionar de la Justicia y la complicidad del Poder Judicial con los intereses concentrados, que no representan más que a dueños de medios, empresarios, agentes de inteligencia de la ex SIDE, ruralistas, genocidas, y especuladores, entre otros personajes con olor a azufre tan frecuentes en nuestra historia.

Para analizar lo antes dicho voy a  utilizar como ejemplo el caso del ex Presidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez quien durante sus dos mandatos mantuvo  entre el 60 y 87% la imagen favorable, incluso en los peores momentos. Uribe en sus discursos hablaba constantemente de la necesidad de crear un Estado donde “el control más importante fuera el de la opinión”, como un Estado superior del Estado de Derecho. Sin embargo el Estado de Opinión no se trata de un campo jurídico, sino una categoría política que implica acomodar las acciones gubernamentales en relación a lo que piensa la opinión pública que muy pocas veces representa el pensamiento o las necesidades de la ciudadanía. Claro está, se trata de una estrategia fiel a los intereses corporativos que son los formadores de Opinión Pública.

Algo similar ocurre en Argentina desde diciembre de 2015: Mauricio Macri gobierna para quienes representan los intereses corporativos, que marcan la Agenda que sale cada día en los medios, invisibilizan los temas que no les corresponden o interesan difundir,  controlan la opinión pública en Argentina, generan los sondeos de audiencia, y preparan el terreno minuciosamente cuando necesitan la aprobación de los lectores. Es por eso que lo que dice “la gente” (concepto banal y construido políticamente por  la “opinión pública”) es sobrevalorado por el “Estado de Opinión” como la representación de la ciudadanía, sobre la que no hay un poder mayor, y los creadores de opinión, desde sus espacios de privilegio y voz legitimada por su propio círculo, se proponen editorializar y utilizar acontecimientos mediáticos para la consolidación de una historia.

Así es como el discurso que pone en el centro de la escena la persecución al Gobierno Kirchnerista y sus ex funcionarios (de forma discrecional por cierto) como responsables de la crisis económica actual, se ha convertido en el principal eje de construcción de la política pública y su implementación (eso y la devolución sistemática de favores a todos los aliados corporativos en la campaña). Cada decisión gubernamental, avance judicial, partida presupuestaria, puesto en el gabinete, estructuración del Estado, ha sido causa y consecuencia de un Estado de Opinión orientado a destruir al Kirchnerismo. Comenzando por la Detención de Milagro Sala sin juicio previo y la permanente estigmatización de la Tupac Amaru;  los despidos en el Estado y la construcción del “Ñoqui”; el armado de la Causa de Dólar Futuro para involucrar a Cristina y otros funcionarios; el Pago a los Fondos Buitre; la destrucción de la Ley de Medios “K”; los actos de censura y cierre de medios opositores; la Ley Antipiquete y la represión desatada en las movilizaciones; los retrocesos en el sistema de Inteligencia, y la vuelta a la ex SIDE; el Proyecto de Blanqueo de Capitales; el veto de la Ley Antidespidos; la exacerbación del Caso López y el ninguneo de los Panama Papers y las 4.000 cuentas de argentinos en Suiza; la instalación de la Teoría de los Dos Demonios en materia de Derechos Humanos; la negociación con los Sindicatos; entre otros cientos de ejemplos tienen que ver con un silencioso proceso de manipulación de los poderes y privatización de derechos que rozan lo anti democrático.

Algunos ejemplos del trabajo en la prensa gráfica resultan paradigmáticos: una nota de TELAM del 16 de junio se titula “Cristina Kirchner sabía de los hechos de corrupción, según una encuesta”, y por el mismo tema Clarín dice “Caso López: el 63,5% de la gente cree que Cristina sabía”; el 18 de mayo la agencia del Estado tituló: “Una encuesta consigna que la ley antidespidos tiene un 57,4 por ciento de aprobación”; una nota del Diario de Magnetto titula el 22 de junio “Ranking de honestidad: lidera una dirigente social, cae el Papa y casi no hay K”; La Nación por su parte publicó el 12 de Junio una nota que dice: “Con encuestas en la mano, confían en que el humor social mejorará”. NI hablar de la complicidad de empresas que utilizan en sus publicidades mensajes como el de “Meritocracia” o la posibilidad de cambiar las denominaciones de las calles por nombres Felices.

Las formas narrativas cumplen un rol fundamental en la construcción del imaginario colectivo, y en ese punto es donde todos los dispositivos políticos, culturales, sociales y comunicacionales están avocados a la tarea de instalar a la opinión pública como una mera suma de opiniones individuales, y crear un relato sobre la situación socioeconómica y los avatares de la “corrupción estructural” del gobierno anterior, que consolidan la visión del “se robaron todo”, y la necesidad del Ajuste, el Sinceramiento y el Fin de la Fiesta.  Como resultado de ello el Estado de Opinión comienza un proceso se des historización, y al mismo tiempo solidifica relatos parciales sobre la realidad a partir del trabajo informativo y la opinión pública que lejos de surgir de la opinión de los ciudadanos, se convierten en instrumentos para la validación pública del ejercicio del poder.