Los hechos de violencia ocurridos en los últimos días en Venezuela parecen no ser originales en su forma ni en sus propósitos. Se trata de un nuevo desborde opositor, un desborde por fuera de la democracia que le dio al oficialismo chavista la oportunidad  -que no desaprovechó- de triunfar en las últimas elecciones de alcaldías, el 8 de diciembre pasado. El resultado general fue categórico: el oficialismo liderado por el presidente Nicolás Maduro obtuvo el 55 por ciento de los votos y ganó en el 75 por ciento de los municipios, en una elección que la propia oposición había considerado “plebiscitaria”.

Frente a la desilusión electoral, la expresión más radical, liderada en las calles por Leopoldo López Mendoza, provocó situaciones de violencia, en las que intervinieron sectores tanto oficialistas como opositores y concluyeron con un elevado número de víctimas.

Leopoldo López Mendoza no es solamente, como se presenta, el ex alcalde del municipio Chacao de Caracas y un líder de redes sociales. En 2002 participó activamente del golpe contra el presidente Chávez, que derivó en la insólita y breve “presidencia” de Pedro Carmona, titular de Fedecámaras, una situación tan irregular como si en la Argentina se derrocara a un presidente democrático mediante la asunción del titular de la UIA o la Sociedad Rural.

Aquella vergonzosa jornada reveló, sin ninguna reserva, qué pensaban los golpistas acerca del poder popular y del poder del mercado. También demostró qué pensaban de la justicia. Porque durante las horas que se extendió el desplazamiento de Chávez, Leopoldo López Mendoza lideró el “allanamiento” y ataque a la casa del ministro del Interior y Justicia del país, Ramón Rodríguez Chacín, que se encontraba con su esposa y sus pequeños hijos. El delito de López (que no actuó solo: también lo acompañaba en la gesta Henrique Capriles) recibió más tarde el beneficio del indulto por parte de Chávez, una vez restituido en su cargo.

Es muy curioso que operaciones como las de López Mendoza, quien no oculta su adicción a los golpes de Estado y su desprecio a las instituciones electorales y judiciales, sean consideradas por la prensa como actos en favor de libertad. Con una deformación asombrosa de los hechos de la historia y de los conceptos que figuran en los glosarios de la política, esa prensa –de la que se ha hecho eco el presidente de Estados Unidos- llama “dictadura” a los gobiernos elegidos y ratificados varias veces en las urnas, y “libertad de expresión” a los métodos fascistas de desestabilización.

Si López Mendoza y su compañera de actividad callejera, la diputada María Corina Machado, quien postula “un país de propietarios”, tienen las ideas claras para oponerse al gobierno, deberían actuar con la paciencia que indica la democracia y respetando a las autoridades legítimas de las instituciones que dicen defender.

Lo que ocurrió el 12 de febrero en Venezuela, y que afortunadamente parece haber disminuido su nivel de violencia social en los últimos días, es una demostración de intolerancia para la construcción de políticas. El poder clásico de América Latina no se acostumbra a vivir bajo ninguna representación del poder popular. Actúa como si fuera el heredero de una naturaleza que si no manda completamente sobre los otros, considera que lo despojan. De esa cultura del privilegio naturalizado y la arrogancia, es de lo que se está defendiendo no sólo Venezuela, sino América Latina.

Diputado de la Nación FPV.-