Como es habitual, la presidenta exhibió su solvencia expositiva y la densidad de su contenido en la 132 apertura de la Asamblea Legislativa. Se desplazó sobre lo realizado en más de diez años, y fue reticente, lacónica, en relación a lo proyectado para este año. La inflación se mencionó por vía indirecta donde reflexionó sobre la necesidad de sancionar instrumentos que defiendan a los consumidores. De la misma forma evidenció un giro sobre la permisividad gubernamental  de las formas de protesta expresadas con cortes de calle y rutas, omitiendo para explicar ese giro que el escenario social desde el que se montó la metodología ha cambiado.  La vía directa de los piquetes como primera instancia ha terminado bastardeando un eficaz medio de protesta que debe ser mantenido después de agotar otros medios de protesta y cuando se llega finalmente a esa instancia, dejando  siempre un carril libre. Eso favorece la eficacia y comprensión de la protesta. Desgranó una serie de cifras, algunas con la pretendida autoridad del Banco Mundial que sin embargo se basan en las cuestionadas cifras del INDEC.

Es indudable la certeza de lo expuesto en relación a la producción agropecuaria, la rentabilidad del sector, lo que explica la notable valorización de los campos, potenciada en la zona núcleo de la pampa húmeda,  que contrasta con la hipoteca de muchos de ellos, que en el 2000 y 2001 se encontraban endeudados con el Banco Nación y Provincia. La privatización del primero, recordó la Presidenta, implicaba un fabuloso negocio y un poderoso cambio de tenencia de la tierra.

Apuntó luego al mérito de la reducción de la pobreza como consecuencia de la creación de millones de puestos de trabajo, inferiores posiblemente a los enunciados por la Presidenta; a la recuperación del sector industrial que queda reflejada en el notable incremento del PBI industrial y en 370 nuevos parque industriales. Visto desde otro ángulo, eso se verifica con el aumento notable de la afiliación a los sindicatos queda patentizado en la UOM, que pasó de 50.000 afiliados a 250.000; o la UOCRA de 50.000 a 350.000 afiliados. El mejoramiento de Aerolíneas Argentinas vinculando el territorio nacional habiendo pasado su flota de estar valuada en 300 millones a la actual de 1.400 millones de dólares. El haber reducido el peso de la deuda sobre el PBI, es otro mérito indudable de esta década y sólo la obnubilación acicateada por el odio puede escamotearla. La misma fue la causa determinante de todas las crisis económicas de la democracia y aún antes. La información sobre la deuda externa per cápita medida en términos de salarios mínimos, según el discurso presidencial, ha pasado en el 2003 de 25 salarios mínimos a apenas 1,9 salarios mínimos actuales.

Sobre la caracterización de país proteccionista, mencionó que el país se encuentra detrás de Brasil, India y EE.UU.

Sobre el proceso de sustitución de importaciones lo elogió  y trató de explicar los cuellos de botella en la balanza de pagos. Ahí la presidenta actúo más como comentarista que como una protagonista de la que está en mejores condiciones de  modificar esa situación. La Argentina quedó devastada industrialmente después de la dictadura establishment-militar y el menemismo. Si antes de esta demolición se necesitaba un dólar de insumos industriales para producir 10 de productos terminados, en la actualidad es muy superior. Por eso la demanda de divisas originadas en el sector agropecuario para satisfacer las necesidades industriales ha reaparecido. Pero el fomento industrial debe tener una contrapartida, que como en otras áreas el gobierno ha omitido. Es imperiosa la necesidad de establecer un cronograma con tiempos adecuados para concretar la reducción del componente importado según las diferentes  actividades.

Por todo ello la afirmación de que el país es el único de la región que no ha reprimarizado sus exportaciones es cierto pero contiene una verdad parcial: se había llegado a un subsuelo a partir del cual toda política industrial implicaba en diferente grado, la recuperación de un porcentaje de exportación industrial.

Cuando habló de la inversión ferroviaria, su análisis significó indirectamente una autocrítica por lo no realizado en los primeros ocho años. Mencionó una inversión de 1200 millones de dólares  que supone la renovación de 1000 coches nuevos que reemplazarán a los 800 existentes. Hubiera sido interesante que la presidenta reconozca explícitamente el retardo en afrontar este problema que además produjo muertos.   

Lo mismo sucedió en materia energética. Es cierto que se aumentó la generación de energía y se extendió el tendido eléctrico. Tan ajustado a la verdad como que el gobierno que tiene cinco directores sobre 12 en Edenor y la obligación de controlarla junto a Edesur,  omitió hacerlo con eficacia.

Por otra parte es cierto lo que dijo la presidenta que en el 2003 había abastecimiento energético e incluso se exportaba porque la demanda era muy baja. Pero Cristina Fernández vuelve a actuar como comentarista cuando afirmó que en Misiones, Chaco, Formosa, el norte de Santa Fe no hay gas natural. Alrededor de quince millones de habitantes tienen que acudir al gas en garrafa en todo el país, en la mayoría de los casos los sectores más humildes, siendo  considerablemente más caro. El gas natural está regulado mientras el de  garrafa, más allá de la garrafa social escasa, está sujeto al accionar del mercado y a lo largo de estos diez años este problema largamente señalado no fue resuelto con la regulación del gas demandado por los sectores populares.

El mismo comentario puede formularse con relación a YPF. Es un hecho histórico y económico la estatización del 51% de las acciones que viene a revertir una política equivocada en la materia que primero pasó por permanecer impasible ante el saqueo de Repsol y luego ante la equivocada decisión de argentinizarla propulsada desde el gobierno a través de un grupo privado cuya adquisición de la participación accionaria se realizaba fundamentalmente con los dividendos aprobados por la misma empresa.

El plan Procrear es un éxito y lo señaló la presidenta. Brindó información que permite rebatir de manera irrefutable a los prejuicios; y con relación a las jubilaciones afirmó: “Es mentira que el 80% de los jubilados cobra la mínima, ya que el 17% cobra entre una y dos mínimas, el 12 % cobra dos mínimas, el 17% cobra más de dos mínimas, y el 53% cobra la mínima”. Con relación a la asignación universal por hijo, sólo el 3% de los beneficiarios tiene cinco hijos. 

Incursionó en el tema justicia y en los nuevos códigos, cuyo debate atravesará posiblemente el presente año, seguramente con encendidos y trascendentales debates.

Se reconoció el estancamiento del memorándum con Irán y acicateó a la oposición y a las autoridades representativas de las organizaciones de los argentinos de origen judío a proponer soluciones alternativas. Manifestó su apoyo al sistema constitucional venezolano y llamó a una concertación.

Elogió a Axel Kiciloff y Carlos Zannini por haber concluido exitosamente la negociación con Repsol y omitió a Florencio Randazzo posiblemente por su categórica afirmación, inusitada en el kirchnerismo de afirmar que “nos hemos mandado cagadas” aunque referidas a las formas más que al contenido con relación a las clases medias.

En materia de educación y presupuesto es mucho lo que ha hecho el gobierno; y la creación o impulso de las universidades del conurbano es un hito que se reconocerá dentro de unas décadas.

Integrante de familias que nunca accedieron a la universidad, es una marca que generaciones de argentinos y el país tendrán que reconocer cuando las pasiones del presente las disipe el tiempo.

Reducir mucho de lo realizado positivamente a un simulacro o a un relato instrumentado como un cuento es una de las falacias cuya mendacidad sólo puede abrevar en un menú  de odio y prejuicios, que como todo odio suele tener un poderoso componente de ceguera, y que como todo prejuicio es un juicio que carece de juicio.  

La mención de la Presidenta a las ausencias docentes y a la propuesta acerca del presentismo no es equivocada, pero en un discurso donde se centró fundamentalmente en lo hecho en una década, las críticas a los docentes debió estar enmarcada dentro del reconocimiento a los mismos y a la escuela que fue una de las pocas presencias estatales en el derrumbe del 2000/2001 y por lo menos se prolongó durante un lustro. La contención de los maestros a los chicos en escuelas convertidas en comedores, con padres desocupados, es un tributo que no se puede omitir si no se quiere pecar de ingrato.     

La designación de Gerardo Zamora en la línea sucesoria, que disgustó tanto a radicales como a peronistas, es una marca en el orillo en la siempre  precaria y contradictoria construcción política del cristinismo.

A los empresarios les aconsejó que en su afán de lucro no maten a la gallina de los huevos de oro.

Esto suena a la frase del radical Juan Carlos Pugliese, quien como ministro del presidente Raúl Alfonsín declaró: “les hablé con el corazón y me contestaron con el bolsillo”. El ensayista Alejandro Horowicz razonó al respecto: “Ahora bien, los que descreemos de la capacidad de la burguesía argentina para la "conciencia nacional", pensamos que si el marco regulatorio no define el comportamiento real de los empresarios, los empresarios se llevan puesto el marco y la política del gobierno que lo propicia. Dicho en fácil, si las empresas pagan los impuestos que pagan –no los que deberían pagar– se debe a la distancia entre las normas enunciadas y los instrumentos utilizados. Y si los precios suben en una proporción mayor al impacto devaluatorio, es porque las empresas están defendiendo su tasa de ganancia en dólares, aunque los trabajadores la hayan perdido. El derecho de las empresas a conservar su ganancia dolarizada, choca con el interés de los consumidores por pagar más barato, y el de los trabajadores por ampliar la masa salarial.

Es preciso distinguir los derechos en pugna: empresas, consumidores y asalariados. Los aumentos afectan a todos los consumidores, en distinta proporción. Para frenar los aumentos, el gobierno recurre al acuerdo de precios. Si algún instrumento ha demostrado en la Argentina funcionar mal, ese es el acuerdo de precios. Si funciona durante el plazo pactado, deja de hacerlo en fecha precisa y prevista. En ese momento los precios se vuelven a empinar y los salarios a retrasar. Por eso los economistas conservadores propician el "sinceramiento de las variables económicas", nuevos precios y salarios no tan flamantes, lo que en criollo termina siendo reducción de la demanda popular. Los consumidores casi no tienen instrumentos para frenar la suba de precios. Dependen de los que aporte el gobierno. Sólo los trabajadores pueden reducir el impacto mediante el incremento de los salarios en las negociaciones paritarias. Pero el Estado también paga salarios, y en ese punto los aumentos que exigen los docentes saldrán del erario público. Entonces, la presidenta propicia un aumento inferior al incremento del costo de la vida. Al hacerlo emite una señal precisa: entre el derecho de los empresarios a defender sus ingresos en dólares, y el de los trabajadores a defender su nivel de consumo tiene poco margen. El gobierno dice que quiere evitar esa salida conservadora, pero no aporta instrumentos para impedirla. O limita la ganancia empresaria, o reduce el ingreso popular. Esa es la disyuntiva.”

En esa disyuntiva y en el control del proceso inflacionario se juega de qué forma se transitará el presente año.

Una explicitación del diagnóstico y las alternativas que se manejan al respecto hubiera llevado el discurso presidencial en un camino más cercano a las expectativas e incertidumbres que atraviesan a la población.

Hay problemas que arrastran muchos años pero que se han intensificado como el de la tierra para la construcción de viviendas en el área metropolitana y el Gran Buenos Aires. La presidenta hizo referencia a la ocupación de Lugano y su diálogo con Mauricio Macri. Pero hubiera sido oportuno un proyecto para intentar una solución de fondo.

Como bien apunta Horacio Verbitsky: “Las villas de Buenos Aires eran lugares transitorios donde se acomodaban por algunos años los migrantes internos que llegaban atraídos por el boom de la industria  o la construcción, con salarios dignos y servicios sociales en un esquema desarrollista. Las villas de hoy desbordan de expulsados de la misma ciudad y del resto del país  por la quiebra de ese modelo programada por el neoliberalismo y ejecutada por la expansión de la agricultura hipertecnificada  y los barrios cerrados, los cementerios privados y los hipermercados que acaparan los mejores terrenos y sólo dejan libres bajos inundables o lotes contaminados con desperdicios o metales, como el de Villa Lugano……No hay en la Argentina de hoy un problema social más grave que esa imposibilidad de acceso a la tierra…..”

Agregaría a este comentario que la demanda de mano de obra para ciertas actividades y los salarios superiores a lo de los países limítrofes, produce la migración que la Argentina positivamente recibe, pero que implica asumir, entre otros, los problemas habitacionales que ocasiona.    

Una convocatoria a todos los partidos para fijar políticas de estado sobre el creciente narcotráfico hubiera colocado a la oposición en una situación difícil de eludir.

Lo mismo en materia de lo que se conoce con ligereza como inseguridad, donde las marchas y contramarchas demuestran desconcierto e improvisación.

Por último, la presidenta nunca dijo que estamos en “un fin de ciclo kirchnerista”, sino “un fin de ciclo del neoliberalismo”. Hay analistas que sustituyen la realidad por sus deseos y en el caso de la presidenta también hay que apuntar que el neoliberalismo no está ni mucho menos muerto y enterrado, sino que espera impaciente el fracaso de los gobiernos populistas de América Latina para presentarse nuevamente como una alternativa, con el maquillaje adecuado para la época.

Hay mucho más, pero como diría Chesterton, “eso es otra historia” (o más bien, “otro artículo”).