El reciente referéndum de Bolivia mostró el cambio al que asiste la política regional desde hace unos meses. Si 2014 había sido el año del triunfo de las opciones progresistas -Brasil, Bolivia, Uruguay- el final del 2015 y el inicio de 2016 trajo aparejado una seguidilla favorable para las fuerzas conservadoras -Argentina, Venezuela y Bolivia, aunque sólo presidencial en el primer caso-, que lograron modificar parcialmente la correlación de fuerzas regional.

De esta forma, un debate vuelve a resurgir: ¿finaliza el ciclo iniciado por Hugo Chávez en Venezuela, seguido por Lula y Dilma en Brasil, Néstor Kirchner y Cristina Fernández en Argentina, Rafael Correa en Ecuador, Evo Morales en Bolivia y Daniel Ortega en Nicaragua? Si uno se guía por los medios de comunicación hegemónicos de la región (Globo, Clarín, Venevisión, entre otros) la caída del resto de los gobiernos progresistas es inminente, aleccionados -de acuerdo a estos medios- por infinidad de casos de corrupción, nepotismo, desidia gubernamental, irrespeto a las instituciones y los DDHH, y un larguísimo etcétera.

Por otra parte, negar las complejidades por las que transitan estos gobiernos sería de una necedad extrema. No sólo porque las dificultades son reconocidas por los propios gobiernos -por ejemplo, cuando Venezuela decreta la Emergencia Económica o Brasil anuncia una caída de 3.70% en su PBI durante 2015- sino porque además la persistente caída en los precios de los commodities -petróleo, cobre, soja- es un dato objetivo de la realidad internacional, que daña a estos países pero también a aquellos que tienen otra orientación política-ideológica en sus respectivos Ejecutivos.

Dicho esto, la pregunta pasa por los liderazgos y el caudal electoral. El retroceso electoral de las opciones nacional-populares, progresistas o posneoliberales se topa con un dato que hay que revisar para completar el análisis: la elevada adhesión que aún así reflejan. Así, un 49% en Bolivia y Argentina, y un42% en Venezuela, independientemente de la diferencia en el tono de las elecciones -referéndum, presidencial y legislativa, respectivamente- resultan porcentajes muy elevados para decretar, como en algunos casos livianamente se ha hecho, el fin de esos proyectos, que conservan un anclaje popular innegable.

Hay cuatro preguntas que ayudarán a ordenar el mapa político de las opciones de la izquierda regional: ¿qué papel cumplirá Cristina Fernández en el plano político-electoral de Argentina a partir de este momento?; ¿cómo ordenará Evo Morales la discusión en torno a su necesario relevo, visto y considerando que ha decidido postergar esa definición hasta 2018?; ¿cómo afrontarán Dilma Rousseff y Nicolás Maduro los intentos de “derrocamiento legal” que sus oposiciones se plantean hoy, para desalojarlos de Planalto y Miraflores?; y, por último, ¿cuál será el rol -local y regional- de Luiz Inácio Lula Da Silva, único sobreviviente del trío que conformó junto a Chávez y Kirchner a la hora de la derrota del ALCA? En esos interrogantes, todos vinculados a los liderazgos regionales, residen buena parte de los nuevos desafíos que afrontarán estos procesos políticos.

Mientras tanto, las fuerzas nacional-populares, progresistas y de la izquierda regional deberán replantear sus estrategias. Así como la derecha, durante años de larga sequía electoral, modificó discursos -y sobre todo formas- en vías a poder disputar de igual a igual frente a los tanques electorales posneoliberales, los movimientos sociales y políticos que pretendan retornar (Argentina) o mantener el Ejecutivo (el resto, por el momento) deberán hacerlo bajo un nuevo contexto regional, y también bajo nuevos imaginarios. Por ende, espacios como el Foro de Sao Paulo, ELAP y Bloque Progresista del Parlasur, exponentes de estas organizaciones y sus representantes, deberán reconsiderar líneas de acción junto a un conjunto de think-thanks regionales, como el Instituto Lula y el -próximo a lanzarse- Instituto Patria de Cristina Fernández de Kirchner, sumando el aporte de otras instancias de “intelectuales orgánicos” al decir gramsciano.

La derecha cuenta asimismo con una complicación adicional, más allá del cambio objetivo en la correlación de fuerzas: ya ha comenzado a gobernar en la Argentina, mostrando en poco tiempo que el discurso de “mantener las políticas sociales” era más bien eso, un discurso -visto y considerando la devaluación de Prat Gay, el aumento de precios en la canasta básica, los masivos despidos tanto en el sector público como privado, entre otras medidas de los primeros meses-. Asimismo, en los países de la Alianza del Pacífico se ve con claridad la ausencia de políticas sociales extendidas: no hay Asignación Universal por Hijo -parte de la supuesta “pesada herencia” kirchnerista en Argentina-, no hay Bolsa Familia -Brasil-, no hay Bono Juancito Pinto o Renta Dignidad -Bolivia-, y no hay Misiones Sociales -Venezuela-. Por ello México, Colombia, Chile y Perú no han avanzado en reducir las desigualdades al interior de sus sociedades.

Esos indicadores, lejos de seducir a un núcleo nuevo de votantes, más bien podrían llegar a dificultar la llegada de nuevas expresiones en los países con gobiernos posneoliberales. Sin embargo, en buena parte de la región se desconocen estos hechos, refrendados por indicadores de CEPAL. ¿Por qué? Por una campaña de “embellecimiento” mediático de ese bloque de países, y una critica mediática furibunda sobre el resto. Por ende, una necesaria reconsideración del momento de parte de los tanques de pensamiento y organizaciones afínes al proyecto de integración regional autónoma será la vía para plantear una adecuada resolución a la puja sobre la cual se cierne, una vez más, América Latina.