El 21 de agosto de 2017 es un día histórico en Chile ya que el Tribunal Constitucional dio luz verde al proyecto de ley de aborto legal en tres posibles casos: peligro de vida de la madre, inviabilidad fetal y violación.

El aval judicial llegó después de que la oposición de derecha lograra paralizar la discusión del proyecto en el Parlamento. Los diez ministros del organismo supremo determinaron por seis votos contra cuatro que la iniciativa no vulnera la Constitución. 

"Hoy han ganado las mujeres, ha ganado la democracia, ha ganado Chile", señaló- una de las principales impulsoras- Michelle Bachelet, desde el Palacio de La Moneda.

De esta manera, el  proyecto de ley queda listo para ser promulgado por la presidenta y hará que Chile salga del grupo de siete países- Nicaragua, República Dominicana, El Salvador, Haití, Malta y Honduras- que prohíben las interrupciones del embarazo en todos los supuestos.

Fue en 1989, cuando la dictadura de Augusto Pinochet dictaminó que no podría ejecutarse ninguna acción cuyo fin sea provocar un aborto.

Actualmente se hacen unos 70.000 abortos clandestinos por año en Chile sin las condiciones mínimas de seguridad que se espera que, en los tres casos mencionados, dejen de poner en riesgo la vida de las mujeres. 

Gran parte de la sociedad chilena celebra el fin de una época de "doble vara" de grupos católicos y ultraconservadores que se oponen al aborto legal y seguro bajo cualquier circunstancia. Incluso en 2014, a comienzos del Gobierno de Bachelet, la ministra de Salud, Helia Molina, debido a las presiones tuvo que renunciar a su cargo por haber desvelado un secreto a voces: “En todas las clínicas cuicas [pijas] muchas familias conservadoras han hecho abortar a sus hijas”.

Esta nueva ley es un primer paso para reflexionar y debatir la legislación imperante que hay sobre el cuerpo de la mujer y evitar muertes en caso de peligro de vida de la madre, inviabilidad fetal y violación.