Sigue la persecución: nuevo revés judicial para Lula
Un tribunal de apelaciones rechazó los recursos presentados por la defensa del expresidente más popular de Brasil, situación que lo deja cerca de la cárcel. Además, si la condena queda firme, no podrá participar como candidato presidencial en octubre.
La Justicia brasileña denegó los recursos presentados por el expresidente Luiz Inácio Lula Da Silva contra la condena de 12 años y un mes de prisión por corrupción y lavado de dinero en el marco del caso Petrobras, lo que lo deja cerca de la cárcel, aunque no podrá ser detenido hasta el 4 de abril.
Los tres magistrados de la octava sala del Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región de Porto Alegre (TRF4) desestimaron por unanimidad los recursos presentados por los abogados de Lula.
La jurisprudencia brasileña autoriza a encarcelar a los acusados que hayan agotado las apelaciones en la segunda instancia, como ocurrió este lunes con el expresidente más popular de la historia de Brasil, aunque Lula no podrá ser apresado hasta el próximo 4 de abril.
Es que en esa fecha, la Corte Suprema prevé analizar un hábeas corpus presentado por la defensa, y que alega que el encarcelamiento no puede concretarse hasta que se agoten todos los recursos posibles en instancias superiores. Se trata de un camino que puede llevar años y que empieza con el Supremo Tribunal de Justicia (STJ, tercera instancia) y puede llevarlo de vuelta ante el propio STF.
Los abogados del expresidente denunciaron una “condena ilegal” y no se mostraron satisfechos con las explicaciones dadas este lunes. A su entender “no se agotaron los recursos” de segunda instancia y señalaron que podrían cuestionar el fallo dentro del mismo TRF4, un recurso que rara vez suele ser admitido, según juristas.
Por su parte, si la condena quedara firme, Lula, que se ha postulado como candidato del Partido de los Trabajadores para las elecciones presidenciales del próximo 7 de octubre y lidera las encuestas, también estaría impedido de participar de los comicios, ya que existen normas que impiden que un condenado en segunda instancia pueda optar a un cargo electivo.