Luego de la reforma ministerial de Dilma Rousseff para lograr mayor apoyo en el Congreso ante las presiones de la oposición y medios, y de ser exculpada por falta de pruebas- junto con el ex Presidente Lula Da Silva- del caso Petrobras que sacudió a la sociedad brasileña; el movimiento que abogaba por la destitución de Rousseff comenzó a perder fuerza.

El último martes la comisión parlamentaria que investiga el caso de corrupción en la petrolera estatal exculpó, en un informe de 754 páginas, de toda responsabilidad a Dilma Rousseff, y a su predecesor, Luiz Inácio Lula da Silva. Igualmente el caso continúa siendo investigado por la Policía, por una corte de Curitiba, capital del estado de Paraná (sur) y por el Tribunal Supremo.

Lejos quedaron las marchas multitudinarias que pedían un recambio del Ejecutivo. Según informa el portal de noticias Nodal, la última marcha sólo convocó a 1.500 personas.

La semana pasada, el Supremo Tribunal Federal de Brasil desautorizó el inicio del trámite de “admisibilidad” de la acusación haciendo lugar a una demanda presentada por el PT como último recurso para detener al excandidato presidencial Aécio Neves, del Partido de la Socialdemocracia Brasileña (PSDB), y su aliado Eduardo Cunha, del Partido Movimiento Democrático Brasileño (PMDB).

El  Tribunal Supremo advirtió que la Constitución sólo autoriza un impeachment cuando un jefe de Estado comete graves anomalías y no sería el caso de Dilma Rousseff, elegida por más de 54 millones de votos hace menos de un año.

Las bases sobre las que se sustenta la campaña iniciada por la derecha brasileña y los medios monopólicos del país se centran en erosionar la gobernabilidad de Rousseff, detener la democratización mediática, criminalizar al PT –vinculándolo con hechos de corrupción– y atacar la popularidad del expresidente Lula para evitar su candidatura en 2018.