El 12 de mayo pasado, los senadores brasileros votaron a favor de suspender a Dilma Rousseff por supuesta violación de las leyes fiscales. Sin embargo, auditores contratados por la cámara alta negaron que la mandataria hubiese cometido esos ilícitos.

En el informe que se conoció el lunes, los auditores independientes afirman que Dilma no realizó las maniobras contables por la que fue llevada a juicio político, desbaratando toda la base presuntamente legal por la que fue suspendida de su cargo.

Aunque el informe de los auditores no es vinculante, la defensa de Rousseff sostuvo que el informe demuestra que la mandataria no cometió crimen alguno que merezca su destitución.

En declaraciones por radio Guaiba una vez que se publicó dicho informe, Rousseff dijo que "comenzamos siendo acusados de seis decretos. Ahora, la pericia dice que son tres. Y en esos tres decretos, tampoco fue constatada mi participación dolosa", agregando que "este impeachment no es más que una elección indirecta (de Michel Temer) en el Congreso".