La crisis económica en la que está sumergido el pueblo de España, despertó innumerables focos de resistencia y manifestaciones populares. El reclamo es que la crisis no la paguen los más humildes.

El bombero Roberto Rivas se convirtió en uno de estos emblemas vivientes de resistencia. Su imagen ha recorrido toda España desde que en febrero de 2013 se negó ejecutar la orden que iba a permitir el desaolojo de una anciana. Su imagen con el casco puesto y un cartel de "Stop Desahucios" en la mano es un símbolo de la lucha contra el remate de los inmuebles por falta de pago de hipotecas.

En concreto, Rivas se negó a romper la cadena que cerraba el portal de la casa de Aurelia Rey y, lo que evitaba el desalojo de su casa de esta anciana de 85 años.

El gesto le valió una multa por parte del Gobierno de A Coruña, que a comienzos de noviembre de este año fue ratificado por la justicia. Rivas, si bien acató el fallo, afirmó que "lo volvería a hacer".

“Soy culpable de no colaborar en el desahucio de Aurelia Rey”, dijo Rivas, aunque aclaró: “Soy totalmente inocente de incitar a las masas a la violencia”.

Es que para la policía, según consta en el atestado redactado días después de los hechos y en el que se basó la Subdelegación del Gobierno para multarlo, Roberto Rivas “provocó reacciones en el público que alteran o pueden alterar la seguridad ciudadana”, informó El País. Su gesto de aquel día, blandir el cartel, provocó los aplausos de los centenares de personas congregadas aquel día ante el portal de la costurera de 85 años que iba ser desalojada del piso de alquiler en el que llevaba décadas viviendo. Y también una oleada inmensa de solidaridad y apoyo dentro y fuera de España.

“No necesito de ningún juez, ni juzgado para sentirme inocente”, comentó Rivas, para quien son los políticos “los que incitan a la violencia con los actos de corrupción, no los movimientos sociales o las personas que luchan en la calle por sus derechos y leyes injustas instauradas en la sociedad”. No es función de un bombero, insistió, colaborar para desalojar a la gente de sus casas.

Si bien hubo muchos que se ofrecieron para pagar su multa, Rivas rechazó la ayuda y, en su lugar, lanzó una campaña de colaboración con otras personas que aquel día u otro acabaron también por ser sancionados por su movilización social.

La crisis en España golpea fuerte entre los propietarios que accedieron a una vivienda durante la burbuja inmobiliaria. Sólo en 2012 se desalojaron un promedio de 512 casas por día.