Justicia chilena condenó a 106 militares por secuestro y desaparición de 16 militantes
Se trata de la condena más numerosa en ese país. La Operación Colombo fue un primer paso de la dictadura chilena, en torno al Plan Cóndor que después se articuló con los represores argentinos, uruguayos, paraguayos y bolivianos. Advierten que los condenados por delitos de lesa humanidad en Chile son beneficiados por su avanzada edad.
El juez Hernán Crisosto registró un hito para la justicia chilena al condenar a 106 exmilitares, entre represores y agentes de la policía secreta de Augusto Pinochet, con penas que van de 20 años a 541 días de prisión, por el secuestro y desaparición de 16 militantes en 1975.
La investigación se enmarca en la conocida Operación Colombo: el puntapié de lo que después fue la articulación con el resto de gobiernos militares de la región, el Plan Cóndor, que incluyó a las dictaduras de Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia.
"La Operación Colombo, posiblemente, es uno de los más graves y emblemáticos operativos represivos y con mayor compromiso institucional y estatal. Lo que vino después también es historia conocida y repetida: una persistente conducta de ocultamiento del compromiso estatal con estos alevosos crímenes", explicó el magistrado en su fallo.
El título de Operación Colombo se refiere al montaje mediático con el que se ocultaron las atrocidades de los gobiernos militares, y se informaron 119 muertes como resultado de peleas internas en los grupos de militantes.
La investigación logró demostrar que ninguno de los 119 había salido de Chile y que fueron secuestrados por la Dirección Nacional de Inteligencia, la temida DINA, según informó la agencia AP.
Crisosto condenó a 72 exagentes como autores de los secuestros y posterior desaparición, mientras encontró culpables por complicidad a 34 represores. En marzo de 2015, el mismo magistrado había condenado a otros 79 exagentes, en el marco de la misma investigación.
Sin embargo, tres de los condenados podrán cumplir la condena en modo domiciliario, por su deteriorado estado de salud física y mental, según dispone un artículo del Código de Procesamiento Penal. Este mismo punto sirvió para que quedara en libertad uno de los torturadores y asesinos del general de la fuerza aérea Alberto Bachelet, padre de la actual presidenta Michelle Bachelet.
Muchos de los que ya cumplen condenas por violaciones a los derechos humanos, lo hacen en un penal especial, cuyas condiciones son muy cómodas en comparación a los penales comunes.
