Páez Senestrari, de 68 años, estaba prófugo de la justicia por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura cívico militar. Y regía una recompensa de 100.000 pesos para quien aportara datos que permitieran su captura.

"La entrega del represor argentino se realizó por instrucciones del presidente Morales, quien respalda las acciones a favor de la defensa de los derechos humanos", dijo Pérez según señaló la agencia DPA.

Pérez precisó que el exmilitar argentino fue entregado a las autoridades locales la noche del domingo en la población argentina de Pocitos.

El exmilitar formó parte, en San Juan, del cuerpo de oficiales del Regimiento 22 de Infantería de Montaña (RIM 22) y está sindicado como uno de los integrantes de “la patota” que en las primeras épocas del gobierno de facto se dedicó a secuestrar y torturar militantes políticos, estudiantes y exfuncionarios en la provincia cuyana.

Páez formaba parte del grupo de exmilitares liderados por quien era el jefe de inteligencia del RIM 22, Jorge Olivera, e integrado por los oficiales y suboficiales Osvaldo Benito Martel, Antonio Lazo, Daniel Gómez, Horacio Nieto, José Del Torchio y Gustavo Demarchi, que fueron condenados a prisión perpetua a 25 años de prisión en algunos casos.

El grupo también estaba integrado por los extenientes Eduardo Daniel Cardozo y Carlos Malatto exiliado en Italia y los oficiales y suboficiales Eduardo Vic, Jorge Páez, y el ex jefe de la Policía de San Juan, Juan Carlos Coronel.

Todos ellos están vinculados a la denominada “Causa Bustos”, y acusados por los delitos de violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad, tormentos a perseguidos políticos, homicidio agravado y, algunos de ellos, de haber violado a sus víctimas cuando las interrogaban.

La causa, cuyos hechos quedaron demostrados durante el mega juicio por delitos de lesa humanidad realizado en San Juan entre el 7 de noviembre de 2011 y el 4 de julio del año pasado, fue por la represión en perjuicio de más de 60 personas.

Entre las víctimas se encuentran el ex secretario de Bienestar Universitario de la Universidad Nacional de San Juan, el arquitecto Hugo Ricardo Bustos; el actual gobernador José Luis Gioja; su hermano el exsenador César Gioja; el ex intendente de Rivadavia, Elías Alvarez; el gremialista de la Alimentación Enrique Faraldo y el juez de la Corte Abel Soria Vega.

Páez, en el caso del gobernador Gioja, está demostrado por los documentos secretos encontrados en el departamento de inteligencia de la policía provincial, como la persona que realizó el sumario de su detención, para el posterior “blanqueo” por infracción a la Ley 20.840.