El escándalo de espionaje que puso en jaque la relación de los Estados Unidos con Europa continúa creciendo, y con la revelación de la intervención estadounidense en las comunicaciones madrileñas, las autoridades españolas decidieron pedirle explicaciones al embajador norteamericano en aquel país, James Costos.
El secretario de Estado para la Unión Europea, Iñigo Méndez de Vigo, le transmitió la preocupación del ejecutivo por las informaciones de que trascendieron en los últimos días y subrayó "el necesario equilibrio que todo sistema debe mantener entre la seguridad y la defensa de la privacidad e intimidad de las comunicaciones, tal como recoge claramente la legislación española".
Además, Méndez de Vigo resaltó "la importancia de preservar el clima de confianza que rige en las relaciones bilaterales y de conocer el alcance de unas prácticas que, de ser ciertas, son impropias e inaceptables entre socios y países amigos".
En el comunicado difundido por la Oficina de Información Diplomática luego de la reunión, el secretario de Estado instó a las autoridades de Estados Unidos a que "faciliten toda la información necesaria sobre las supuestas escuchas realizadas en España".
Mientras tanto, una delegación del Parlamento Europeo envió un grupo de eurodiputados para exigir en persona las respuestas correspondientes al director de la NSA, Keith Alexander.
España se sumó a las críticas hacia la política de los servicios de inteligencia estadounidenses en relación a sus tareas de espionaje internacional, luego de que se conocieran los documentos que prueban las escuchas de 35 líderes mundiales.
El diario español El Mundo accedió a una parte de la documentación filtrada por el exmiembro de la CIA, Edward Snowden, en la que la Agencia de Seguridad Nacional estadounidense (NSA) informa la intervención de más de 60 millones de llamadas telefónicas entre ciudadanos españoles, entre el 10 de diciembre de 2012 y el 8 de enero del presente año.
La intervención de datos que realizaron los servicios de inteligencia estadounidenses está tipificado como delito en el Código Penal español. La ley 25/2007 de conservación de datos relativos a las comunicaciones electrónicas y redes públicas de comunicación, protege la privacidad de este tipo de información.

El escándalo de espionaje que puso en jaque la relación de los Estados Unidos con Europa continúa creciendo, y con la revelación de la intervención estadounidense en las comunicaciones madrileñas, las autoridades españolas decidieron pedirle explicaciones al embajador norteamericano en aquel país, James Costos.


El secretario de Estado para la Unión Europea, Iñigo Méndez de Vigo, le transmitió la preocupación del ejecutivo por las informaciones de que trascendieron en los últimos días y subrayó "el necesario equilibrio que todo sistema debe mantener entre la seguridad y la defensa de la privacidad e intimidad de las comunicaciones, tal como recoge claramente la legislación española".


Además, Méndez de Vigo resaltó "la importancia de preservar el clima de confianza que rige en las relaciones bilaterales y de conocer el alcance de unas prácticas que, de ser ciertas, son impropias e inaceptables entre socios y países amigos".


En el comunicado difundido por la Oficina de Información Diplomática luego de la reunión, el secretario de Estado instó a las autoridades de Estados Unidos a que "faciliten toda la información necesaria sobre las supuestas escuchas realizadas en España".


Mientras tanto, una delegación del Parlamento Europeo envió un grupo de eurodiputados para exigir en persona las respuestas correspondientes al director de la NSA, Keith Alexander.


España se sumó a las críticas hacia la política de los servicios de inteligencia estadounidenses en relación a sus tareas de espionaje internacional, luego de que se conocieran los documentos que prueban las escuchas de 35 líderes mundiales. 


El diario español El Mundo accedió a una parte de la documentación filtrada por el exmiembro de la CIA, Edward Snowden, en la que la Agencia de Seguridad Nacional estadounidense (NSA) informa la intervención de más de 60 millones de llamadas telefónicas entre ciudadanos españoles, entre el 10 de diciembre de 2012 y el 8 de enero del presente año.


La intervención de datos que realizaron los servicios de inteligencia estadounidenses está tipificado como delito en el Código Penal español. La ley 25/2007 de conservación de datos relativos a las comunicaciones electrónicas y redes públicas de comunicación, protege la privacidad de este tipo de información.