Después de la feria el Congreso Nacional de Brasil reanuda su trabajo en el juicio político, en la fase de "pronunciación",  que se lleva a cabo a Dilma Rousseff y que fue condenado internacionalmente como un golpe a la democracia de ese país. 

En el Senado se espera que el comité especial defina por votación, el próximo 4 de agosto,  si finalmente se destituye a Rousseff.  Después de ser votado en comisión, el juicio final deberá  ser aprobado por el pleno, que recién tendría lugar  la próxima semana. 

El ponente de la comisión de juicio político, Antonio Anastasia (PSDB-MG), tiene hasta el próximo lunes para completar su informe, mientras que la defensa de Dilma ya lo presentó en el que descarta que esté involucrada en el llamado  "impuesto de pedaleo" (retraso de pagos de la UE a los bancos públicos por los costes de implementación)  además de la polémica por los cuatro decretos de crédito adicionales sin autorización del Congreso.

La defensa Dilma afirma que los hechos no constituyen un delito de responsabilidad y que el proceso de juicio político tiene "vicios de origen" porque hubiera sido abierto por "venganza" por el presidente de distancia de la Cámara, Eduardo Cunha (PMDB-RJ).

Marchas contra Michel Temer

Según el portal de noticias Popular, más de 40 mil personas  participaron en la protesta de ayer, 31 de julio,  contra el golpe a la democracia y en repudio al presidente interino Temer. 

"El Congreso no tiene autoridad, no tiene credibilidad para definir la dirección del país, para establecer la solución política a esta crisis, por lo que entendemos que las personas deben ser llamadas," exclamó  uno de los coordinadores del Frente Popular ningún miedo, Guilherme Boulos, que además señala que un plebiscito sería una alternativa; no sólo para la cuestión de juicio político, sino para impulsar la reforma política.