En una de las principales regiones y la más industrializada del país, San Pablo, se concentra la oposición a la realización del Mundial que arrancará el 12 de junio, lo que a esta altura ya representa un dolor de cabeza para la presidenta Dilma Rousseff.

Durante todo el jueves, miles de manifestantes cortaron las principales avenidas de la ciudad e incendiaron neumáticos mientras coreaban consignas contra la Copa del Mundo 2014 afuera de uno de los estadios construidos para el certamen.

Las críticas de los manifestantes se concentran en los monumentales gastos que para el país significa la realización del campeonato, mientras -a pesar de las políticas implementadas por el PT durante años de su gobierno- persisten aún fuertes contrastes sociales.

De hecho, uno de los principales reclamos apunta a que el gobierno federal brasileño invierta más dinero en la realización de viviendas popular; una falencia que contrasta con la construcción o refacción de los enormes estadios en todo el país, en los que se jugará la Copa del Mundo.

Así lo pusieron de manifiesto desde el Movimiento de Trabajadores Sin Techo (MTST), que se concentraron frente a uno de esos estadios, aunque aclararon que "nuestro objetivo es simbólico, no queremos destruir el estadio", según expresó Guilherme Boulos, un dirigente de ese Movimiento.

"Lo que queremos es exigir más derechos para los trabajadores a fin de que tengan acceso a la vivienda y denunciar los efectos que tiene la Copa para la población más pobre", agregó Boulos, a cuyo Movimiento se sumaron el jueves dos de los grandes sindicatos del estado, que exigirán simultáneamente mejores salarios y condiciones de trabajo.

Mientras tanto, en Recife, en el norte de Brasil, una huelga policial ha desatado una gran crisis con incidentes y saqueos que tuvieron como corolario al menos once muertos, según informa O Globo, que también habla de un "clima de temor y tensión entre la población" que "dejó a Recife y a pueblos vecinos con sus calles vacías".

Folha, por su lado, reporta que "muchos comerciantes ya optaron por bajar las persianas" debido a los saqueos que se produjeron en el tercer día de huelga policial, donde se ven los mismos efectos que similares situaciones que se vivieron el año pasado en distintas provincias argentinas.

Las clases fueron suspendidas o declaradas directamente como "optativas" en las escuelas de la zona.

Por esa razón, la presidenta Dilma Rousseff ordenó el envío tropas federales a Recife. Se trata de efectivos de la Fuerza Nacional de Seguridad que habían sido solicitados el miércoles por el gobernador del estado de Pernambuco, Joao Lira Neto.

La justicia local, en tanto, declaró ilegal la huelga policial y conminó a los efectivos a regresar inmediatamente al trabajo.

Policías y bomberos reclaman al gobierno estadual aumentos de entre el 30 y el 50 por ciento de los salarios de la categoría, pero el gobierno de Pernambuco refutó que tiene "límites fiscales y legales" que le impiden atender esas peticiones.