La acción contra Áñez fue revelada en medio de la tensión provocada por previas órdenes de detención contra exjefes militares y policiales que habrían participado en el derrocamiento de Morales (2006-2019) en noviembre de 2019, en un proceso activado por una denuncia de una exdiputada del partido gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS).

Áñez, quien no logró su objetivo de ser electa gobernadora del departamento amazónico de Beni en los comicios del 7 de marzo, estaba en la capital de esa región, Trinidad, cuando fue divulgada la orden de detención, según medios locales y la agencia Sputnik.

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Esa orden, según un fragmento divulgado por Coimbra, afectaba en total a 10 personas: Áñez, cinco exministros y seis jefes militares, aunque no figuraban los excomandantes de las Fuerzas Armadas, Williams Kaliman y Serio Orellana, y de la Policía, Yuri Calderón, citados en mandamientos previos de detención.

Los cinco exministros incluidos en la lista eran, además de Coimbra y Guzmán, los de Gobierno, Arturo Murillo, y de Defensa, Luis Fernando López, ambos refugiados en Estados Unidos, y de la Presidencia, Yerko Núñez.

La ola de órdenes de aprehensión contra figuras de la pasada gestión transitoria de Áñez se inició la semana pasada a partir de una demanda de la exdiputada oficialista Lidia Patty.

Tras la denuncia de Coimbra, la red privada Unitel reportó que Guzmán fue aprehendido en Trinidad y traslado por agentes vestidos de civil al aeropuerto de esa ciudad, desde donde se esperaba que sea trasladado a La Paz.

"Cuando llega al aeropuerto recién muestran la orden de aprehensión por caso terrorismo, nunca nos notificaron", relató a Unitel la esposa de Guzmán.

Fuentes de la fiscalía de La Paz dijeron que era probable una declaración oficial de esa oficina cumbre el caso en las próximas horas.

Este mediodía, efectivos policiales detuvieron a Guzmán por su presunta vinculación con el caso de “terrorismo y sedición” cuando se produjeron las revueltas contra el golpe de Estado que dejaron 36 muertos y más de 800 heridos.

Guzmán fue detenido en inmediaciones de su domicilio, pese a que sostuvo que nunca fue notificado para que comparezca ante la justicia.

El caso de "terrorismo y sedición" fue presentado por sectores afines al MAS, que aseveran que la salida de Morales en 2019 fue propiciada por un golpe de Estado en medio de acusaciones de fraude electoral.

Kaliman, excomandante en jefe de las Fuerzas Armadas, se convirtió en el cuarto exjefe policial o militar sobre el que pesa órdenes de detención por su aparente participación en el golpe y es acusado por la presunta comisión de los delitos de terrorismo, sedición y conspiración en grado de complicidad, según un informe de la red televisiva ATB.

En noviembre de 2019, en conferencia de prensa, Kaliman sugirió la renuncia del entonces presidente Morales en el marco de lo que parecían preparativos para un golpe de Estado.

Este jueves, la Asamblea de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb) llamó a defender a los exjefes militares y policiales que participaron de las movidas contra Morales y ahora enfrentan procesos penales por genocidio y otros delitos.

"La Apdhb convoca a todos los defensores y defensoras de derechos humanos y toda la sociedad civil a elevar nuestro grito por la defensa en favor de la Policía y las Fuerzas Armadas", señaló la presidenta de esa organización, Amparo Carvajal, en un comunicado.