La norma aprobada en el contexto de una sesión larga y tensa, que debió levantarse al primer intento en un marco de un Congreso blindado por las fuerzas de seguridad, y decenas de heridos y detenidos, modifica la fórmula que actualiza las prestaciones previsionales y prestaciones monetarias de la seguridad social, entre ellas las Asignaciones Familiares contributivas (AAFF) y la Asignación Universal por Hijo (AUH), dos de los tres canales por los que el Estado transfiere recursos a las familias con menores de edad.

Según las estimaciones del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), la sanción de la reforma previsional afectará a 4.124.958 niños, niñas y adolescentes que reciben asignaciones familiares y 3.941.893 niñas, niños y adolescentes que reciben asignaciones universales.

En diálogo con ámbito.com, la Directora de Protección Social del CIPPEC, Gala Díaz Langou, explicó que la ley además vuelve más inequitativo el sistema de transferencias. "Lo que produce la reforma previsional aprobada es una ampliación en la brecha entra la AUH y deducción de ganancias".

Un tercer canal a través del cual el Estado transfiere recursos a las familias con menores son las transferencias que se realizan a partir de la deducción por hijo que se puede realizar al impuesto a las ganancias. Para Díaz Langou estas transferencias son "inequitativas" debido a que "excluyen sobre todo a familias de sectores de menos ingresos", en tanto que "los que deducen Ganancias pueden percibir indirectamente un monto mayor que quienes reciben la AUH".

Aún con la implementación del bono compensatorio que impulsó el Gobierno, la diferencia acumulada para 2018 en la evolución de la prestación de la AUH sería de $ 391,1 menos, según los cálculos realizados por Infancia en Deuda, ONG que aglutina a diversas organizaciones que abordan las problemáticas vinculadas a la infancia, y de la que es parte CIPPEC.

En tanto, para las prestaciones de asignaciones familiares, la diferencia negativa para los doce meses de 2018 alcanza los $791,13 para ingresos de hasta $21.921; $532,1 para ingresos de hasta $32.152; $320,42 para ingresos de hasta $37.120 y $168,66 para ingresos de hasta $73.608.

No obstante, la medida que impulsó el oficialismo constituye una violación a la normativa internacional vigente en materia de derechos económicos de la infancia, que al igual que la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, señala que los Estados deben garantizar "el máximo de los recursos disponibles" para garantizar los derechos de este sector, y que tienen vedadas medidas regresivas que disminuyan la inversión pública para la garantía de los mismos. En este contexto, resulta preocupante que del amplio espectro de opciones para recortar el nivel de gasto, el Gobierno haya optado por los más débiles.