El fallo de la jueza del distrito sur de Nueva York, que reemplazó a Thomas Griesa tras su muerte, obligará a la Argentina a pagar 224,2 millones de dólares a los fondos buitre Attestor Master Value y Trinity Investments por bonos defaulteados en el breve presidencia de Adolfo Rodríguez Saá. 

Los bonos habían sido emitidos en 1997 y 2001, pero los fondos buitre Attestor Master Value y Trinity Investments los compraron en 2014, cuando la Argentina ya había pasado por el default de 2001 y las renegociaciónes de deuda privada de 2005 y 2010, en los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.

En esas negociaciones se había acordado con el 93% de los bonistas, mientras que el 7% decidió seguir el camino legal ante la falta de las luego creadas Cláusulas de Acción Colectiva.