Hugo y Mariano Jinkis concurrieron esta mañana a los tribunales federales del barrio porteño de Retiro desde los domicilios donde cumplen arresto domiciliario, para asistir a una audiencia en el juzgado federal de Claudio Bonadio.

Según informaron fuentes judiciales, el trámite incluyó la lectura de la documentación llegada desde Estados Unidos y la pregunta relativa a su deseo de atenerse a la extradición.

Ambos respondieron negativamente, por lo cual se abrirá ahora un proceso formal en la Justicia argentina para determinar si corresponde o no que Estados Unidos juzgue a los dos empresarios, acusados de haber pagado hasta 150 millones de dólares en sobornos.

Los nombres de Hugo y Mariano Jinkis (padre e hijo) aparecieron en las denuncias realizadas por el arrepentido Charles 'Chuck' Blazer, representante de la Concacaf, quien aceptó declararse culpable de crimen organizado y otros cargos ante una fiscalía estadounidense.

Los Jinkis son dueños de la empresa Full Play Group S.A. y están acusados por la Justicia norteamericana de haber participado de una red internacional de corrupción vinculada a la FIFA para realizar lavado de dinero y fraude electrónico con los derechos de televisación de distintas selecciones de fútbol y torneos.

Los dos empresarios estuvieron prófugos hasta el 18 de junio pasado, cuando se presentaron para entregarse en los tribunales de Comodoro Py.

Como disparador de la investigación de la justicia norteamericana, Blazer le dijo a un juez federal estadounidense que él y otros funcionarios de la FIFA aceptaron sobornos a cambio de votar por Sudáfrica como sede de la Copa del Mundo de 2010.

Además, hizo referencia a la elección de Francia para el certamen de 1998 y de los derechos de TV, de la Copa América 2011, y de las Copa de Oro de la Concacaf.

En esas denuncias, también apareció el nombre de Alejandro Burzaco, ex presidente de la empresa Torneos, acusado de aceptar pagar 110 millones de dólares en sobornos por los derechos de la Copa América.

Burzaco fue extraditado desde Italia a Estados Unidos, en donde entregó su pasaporte a las autoridades, lleva un dispositivo de monitoreo electrónico y no puede salir de Nueva York y Long Island, tras pagar una fianza de 20 millones de dólares para no permanecer preso, mientras continúa el proceso judicial.