La denuncia a la que accedió LPO fue presentada por la Oficina Anticorrupción de Morón en la UFI N° 4 y solicita que se investigue la entrega ilegal de registros por parte de funcionarios y agentes de la gestión anterior.

El modus operandi consistía en que personas de otros distritos se acercaban al edificio de la Secretaría de Seguridad, donde iniciaban el trámite otorgándole un domicilio falso.

Se le otorgaba registros truchos a cambio de 3 mil y 8 mil pesos sin realizar ningún tipo de examen. Desde la Oficina Anticorrupción hablan de 94 casos detectados en los últimos tres meses.

El secretario de Seguridad de Tagliaferro, Bernardo Magistocchi, y a la abogada Diamela Rocío Alvarito, la directora de Transporte son los más involucrados ya que eran la autoridad final que ponía su firma para aprobar cada licencia.

La denuncia quedó en manos de la justicia. La fiscal en lo Criminal y Correccional Paula Salevsky deberá investigar la probable comisión de los delitos de defraudación a la administración pública, asociación ilícita, incumplimiento de deberes de funcionario público, cohecho e incompatibilidad con el ejercicio de la función pública.