Intendentes bonaerenses piden ante la Justicia impugnar el tarifazo de Aranguren
Después de que el municipio de Leandro N. Alem, a través de la Oficina de Defensa del Consumidor, lograra que la Justicia Federal de Junín tramite un reclamo contra las subas en los servicios, este miércoles se sumaron los distritos de Gonzáles Cháves, Laprida, Mercedes, San Antonio de Areco, Daireaux, Bolívar, Chascomús y General Alvarado.
Los intendentes de al menos ocho distritos bonaerenses suscribieron un amparo colectivo ante la Justicia Federal para impugnar el tarifazo de gas decretado por el Ministro de Energía, Juan José Aranguren y que promedia un 45% de suba en la factura.
Las protestas apuntan contra el ENARGAS, la empresa prestataria CAMUZZI GAS PAMPEANA y al Estado nacional por no respetar los principios de gradualidad que estableció la corte el año pasado en la causa CEPIS, según informó infocielo.com.
Primero fue el municipio de Leandro N. Alem, a través de la Oficina de Defensa del Consumidor, mientras que en las últimas horas los distritos de Gonzáles Cháves, Laprida, Mercedes, San Antonio de Areco, Daireaux, Bolívar, Chascomús y General Alvarado suscribieron el pedido ante la Justicia Federal de Junín.
Los intendentes admitieron que estos incrementos tarifarios empujan ala población a la morosidad, ya que la prioridad de pago la tendrán los servicios cuya continuidad puede ser cortada por la prestadora y golpea los fondos municipales que verán multiplicado su gasto para mantener el servicio.
La resolución judicial admite como demandante “al colectivo conformado por los usuarios y consumidores de Gas Natural por redes del Territorio Nacional, incluidos los usuarios y consumidores de Gas Natural por redes del Partido de Leandro N. Alem, provincia de Buenos Aires, integrantes del colectivo originario”.
La iniciativa busca declarar la inaplicabilidad de las resoluciones dictadas por el Ministerio de Energía y Minería de la Nación, y describe como inconstitucional el aumento “porque va en contra de todo principio de materia tributaria”. Entre los argumentos presentados, están las facturas que ascienden a los 7 mil pesos, que para usuarios con salarios bajos “raya lo confiscatorio”.
Desde las comunas explicaron que, si bien los reclamos son por falta de audiencias públicas, lo que sucede es que “citan a las audiencias, las convocan, las celebran, pero no las toman en cuenta. Son invitados de paja”.