Tal y como pasó con el colegio Mariano Acosta de la ciudad de Buenos Aires, parece que la intimidación sigue siendo el método por excelencia para amedrentar y deslegitimar la iniciativa del reclamo de los chicos por sus derechos. Después sucedió con seis policías en la escuela Normal Antonio Mentruyt (ENAM) en Banfield y en la puerta del Instituto del Profesorado del Arte (IPA) Adolfo Ábalos de Mar del Plata, donde hombres de Prefectura lelvaron adelante un operativo de "averiguación de persona". La escena volvió a repetirse en la escuela Nº6 Juana Azurduy de Moreno.

Pocos días atrás, la lluvia se filtró por las goteras y alcanzó la instalación eléctrica, provocando la electrificación de las paredes. Además de obras inconclusas, falta de mobiliarios, inundaciones y el riesgo edilicio, ese fue el detonante para comenzar una protesta. Sin embargo, el interés de los uniformados que cuestionaron y fotografiaron a los menores era conocer si la manifestación estaba relacionada con el caso de Santiago Maldonado.

“De la nada vinieron dos gendarmes y empezaron a sacar fotos. Querían los nombres de los chicos y docentes que estaban participando de la protesta. Los que se acercaron hasta la escuela fueron dos efectivos, pero en las camionetas había como ocho”, contó Lilian Sauco, madre de dos alumnos en declaraciones reproducidas por Página 12.

“Nuestra escuela se cae a pedazos y tiene un problema eléctrico. Con la lluvia las paredes se electrifican y si nos quedamos adentro de la escuela nos podemos morir”, aseguró la presidenta del centro de estudiantes, una menor anotada y fotografiada por los efectivos.

“Estábamos con los chicos en la calle cuando vemos que por una de las esquinas se acercan dos camionetas de Gendarmería. Se bajan dos efectivos y les empiezan a hacer preguntas a los chicos, mientras uno de los gendarmes tomaba nota en una libreta. Enseguida nos acercamos los adultos para preguntar quién los había mandado y decirles que no podían sacarles foto a los chicos. Lo único que respondían era que estábamos cometiendo un delito por cortar la calle”, le contó a Página/12 Mariana Cattaneo, secretaria general de Suteba Moreno, que desde el gremio acompaña el reclamo.