La prevención y la concientización quizás es la arista en que más hacen hincapié los profesionales que forman parte del Centro de Protección de Datos de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires y esta decisión no es azarosa. Es que la reparación después de que nosotros o un tercero viertan un dato personal en una red social o un intermediario depende muchas veces pura y exclusivamente de la voluntad de las empresas prestadoras del servicio.

La Subcoordinadora Operativa de Gestión de esta área, María Julia Giorgelli, explicó su postura a Diario Registrado. "Nosotros creemos que sobre Internet operan reglas. Hay normas que hay que cumplir. En efecto como rige el derecho a la libertad de expresión también creemos que rige el derecho a la privacidad y a la intimidad. Nosotros apuntamos a que los gobiernos tengan una fuerte intervención en esta materia. No creemos que sólo debe haber autorregulación de las empresas".

En Argentina no tienen control externo ni las redes sociales como Facebook, Twitter, o Instragram ni las que son intermediarias como WhatsApp o Mercado Libre. Esto significa que cuando uno se crea un usuario está sujeto a las normas que tiene cada comunidad. Eso queda establecido cuando se aceptan los términos y condiciones. Así uno eventualmente podría borrar una publicación propia pero no así un chat con un tercero.

"Si esa información fue capturada y reproducida al infinito uno pierde el control total" advirtió Giorgelli. "Tiene que haber una legislación concreta para regular estas jurisdicciones. Por ejemplo en Europa está mucho más regulada. Allí hay normas claras. Existe legislación sobre derechos de autor, protección de datos personales. En la Comunidad Económica Europea existe el derecho al olvido" completó la letrada. En el viejo continente a partir de la entrada en vigencia del Reglamento de Protección si hay un conflicto con un ciudadano europeo se dirime con la normativa europea.

"Eso en nuestro país no sucede. Nosotros mandamos oficios, por ejemplo, a Google empujando con esta posición porque según la legislación argentina sería una contravención pero no contamos casi ninguna herramienta. Tenemos que pensar cada caso estratégicamente" confía la integrante del Centro de Protección de Datos Personales de la Defensoría de la Ciudad de Buenos Aires.

"Cuesta mucho que el intermediario se haga responsable. Ellos no son simples expositores de información que suben otros pero esa es la postura que tienen estas empresas. Hemos ido al debate parlamentario sobre la ley de Responsables Intermediarios que finalmente cayó por la presión de las grandes empresas. Nosotros creemos que esa ley era muy mala porque dejaba a las personas en la privacidad y el honor muy mal parados" cerró Giorgelli.