Apenas asumió, Mauricio Macri tejió un alianza con Hugo Moyano que le permitiría ejecutar con cierto margen de tranquilidad los seis primeros meses de su mandato, signados por una ajuste feroz que incluye devaluación, tarifazos y despidos masivos. Y así, más o menos, fue.

Pero Macri se la ve venir: la carestía es tal y como el Gobierno no está dispuesto a ceder ni siquiera en lo que respecta al impuesto a las Ganancias –al menos hasta el año próximo–, el pacto puede que se haga añicos.

Presionadas por sus bases, las direcciones sindicales tradicionales deberán dar algún tipo de respuesta ante ese ajuste y la inflación indetenible que horada los salarios, sumado a los despidos y suspensiones ante la parálisis económica rayana en la recesión.

Ello se produce en un marco políticamente complicado para la vieja dirigencia gremial que representan los Moyano, los Barrionuevo y Cía.: las CTA presionan para que el conjunto de la dirigencia convoque a medidas de fuerza.

Y, encima, agrupaciones combativas asumen la representación de las bases en gremios clave como SUTEBA (seccionales como La Matanza y La Plata están en manos de la izquierda) e industriales como el Sindicato único de Trabajadores del Neumático Argentino, SUTNA (lo mismo).

Es en este marco general que, a cambio de que las CGT –unidas o separadas– entreguen salarios y garanticen ‘gobernabilidad’ a la gestión macrista (es decir: no oponerse frontal y masivamente al ajuste permanente), el macrismo suelta lastre.

Este martes y acompañado por el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, entre otros miembros de su gabinete, el Presidente hará el anuncio del pago de unos 2.700 millones de pesos de la deuda de los 30.000 millones que el Estado mantiene con las obras sociales sindicales.

Son dineros correspondientes al Fondo Solidario de Redistribución que, según informa el diario Clarín, se pagarán en su totalidad.

Se efectivizarán de la siguiente manera: los 2.700 millones que se anunciarán el martes, en pesos contantes y sonantes –de acuerdo a la suma que publica la agencia oficial Télam–, y otros 4.500 millones para formar un fideicomiso destinado a atender prestaciones especiales de las obras sociales, según el borrador oficial que reproduce Clarín.

El mismo diario asevera que otros 14.000 millones se pagarán en bonos que quedarán depositados en el Banco Nación con el compromiso de no ser vendidos en los próximos tres años, y otros 8.000 millones que se destinarán a la Cobertura Universal de Salud, nombre que tomará el nuevo sistema a partir de las reformas planeadas.

Lo que queda por verse es hasta dónde y hasta cuándo las direcciones sindicales podrán servir de valla de contención a los reclamos populares, aunque tengan esos 30.000 millones en el bolsillo (de las obras sociales). Es que, así, ponen en juego su propio pellejo como dirigentes...