La Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP); la Corriente Clasista y Combativa (CCC), el Frente Darío Santillán y la agrupación Barrios de Pie se declararon ayer en "estado de alerta y movilización”, tras una reunión federal de delegados, a la espera de la implementación por parte del Gobierno nacional de la Ley de Emergencia Social sancionada en diciembre.


"Queremos que el Gobierno cumpla con sus promesas y comience a implementar una ley que hace cuatro meses que está sancionada. Deben abrirse los registros de los trabajadores de la economía popular y se comiencen a efectivizar los fondos comprometidos”, señaló a Télam Daniel Menéndez, coordinador nacional de Barrios de Pie.

El encuentro realizado en el barrio porteño de Constitución congregó a 400 delegados de las cuatro organizaciones sociales provenientes de distintos puntos del país, y se realizó en la sede que la CTEP tiene en la calle Pedro Echagüe 1250, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

“Vamos estar movilizados y a la espera de que los funcionarios cumplan lo que nos dijeron en la reunión que tuvimos la semana pasada. Si no obtenemos respuestas vamos a retomar las protestas”, anticipó el dirigente social.


En tanto, representantes de varias organizaciones mantuvieron el jueves un contacto formal con la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, y con el secretario de Coordinación Interministerial, Mario Quintana, y se llevaron la promesa de que la normativa que estableció la Emergencia Social se implementaría a partir del 1 de abril.

La principal demanda de los líderes de los movimientos era la inmediata creación del Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular (Renatrep), que se encargará de inscribir en el Estado a más dos millones de trabajadores informales y cooperativistas. Es, en los hechos, el paso previo para el pago del salario social complementario -la mitad del salario mínimo vital y móvil-, que será financiado con un aporte estatal que hasta 2019 prevé desembolsos por 30 mil millones de pesos.