UBA no educa represores

Como era de esperar y como advertíamos previamente en este mismo espacio, tras el pedido de inscripción al programa de educación en cárceles -UBA XXII- de tres represores que actuaron en la ESMA durante la última dictadura, el Consejo Superior de la UBA decidió por unanimidad “no admitir a condenados y/o procesados por delitos de lesa humanidad como estudiantes de la Universidad de Buenos Aires”. Así de sintética y contundente es la redacción del único artículo que conforma la resolución. Los considerandos (así es como en la jerga se llama a los argumentos que preceden y explican  la conclusión final) son una extensa cita al dictamen que fuera previamente elaborado por una comisión creada ad-hoc con el fin de pronunciarse sobre la disyuntiva, compuesta por Eugenio Raúl ZAFFARONI, Raúl Gustavo FERREYRA, Adriana PUIGGROS, José E. SCHULMAN, Osvaldo VARELA y Alfredo SARMIENTO y por Juan Pablo PARCHUK y Graciela MORGADE como suplentes.

En definitiva y para hacer una traducción veloz y coloquial la UBA dijo algo así como: “Somos autónomos y autárquicos según la Constitución es decir, es nuestra potestad tomar esta decisión. Además, según nuestro estatuto somos nosotros los que ponemos las condiciones de admisibilidad y permanencia de los estudiantes. Esto no quiere decir que discriminemos, es más, no podemos negarle la entrada a nadie que cumpla con los requisitos formales y que cumpla con nuestras normas. Tan generosos somos que les damos clases a los presos y ni les preguntamos jamás qué hicieron ni nos importa lo que hayan hecho en el pasado. Pero vamos, este caso es bien particular y no vale que nos hagamos los tontos con eso. No es cuestión de hacer ingresar a esta comunidad que es la Universidad, a gente que pretendió destruir a esta propia comunidad de la manera más cruel y espantosa, y que encima aún hoy lo niegan, cuando no lo legitiman o justifican. Aceptar en el seno de la Universidad a tipos que intentaron destruirla es una actitud casi suicida”.

Los argumentos son sólidos y precisos. El asunto que queda pendiente y sobre el cual casi no se pronunció el Consejo Superior, es el derecho a la educación, derecho que les será negado a estos represores. El único derecho tal vez que les haya negado la democracia y la sociedad, en tanto se les respetaron todos los derechos y garantías constitucionales de defensa en juicio.