El asesinato de Erley Monroy, uno de los líderes de la Asociación Campesina Ambiental del Lozada Guayabero, se sumó a la de otros cuatro hombres en una escalada de violencia que obligó al presidente Juan Manuel Santos a convocar una reunión de urgencia. 

Los municipios colombianos de Caquetá, Meta y Nariño están atravesados por críticas cruzadas entre los locales y las autoridades que, paradójicamente, aseguran que la falta de control de las FARC generó nuevos focos de violencia. 

El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, reveló la preocupación del Gobierno Nacional ante el incremento de homicidios y atentados en contra de líderes sociales e integrantes de colectividades como Marcha Patriótica.

Otros tres líderes sociales fueron asesinados recientemente. Se trata de Rodrigo Cabrera, en Nariño, y José Velásquez y Jhon Rodríguez, en el departamento del Cauca. Además de numerosos casos de atentados que no tuvieron saldo trágico aunque sí heridos de gravedad. 

“Exigimos aplicación inmediata Acuerdo Garantías de Seguridad. Vuelve la guerra sucia”, escribió el líder guerrillero y negociador de paz de las FARC Pablo Catatumbo, refiriéndose al pacto para su desmovilización que forma parte de los acuerdos de paz.