Hace unos días se conoció un informe internacional en el que México quedó segundo, detrás de Siria, en mayor cantidad de muertes en el 2016. Ahora, el asesinato de la activista Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez viene a sumar una muerte más al nuevo año. 

Rodríguez comenzó su lucha en el 2012 cuando asesinaron a su hija y, tras una desesperada búsqueda, logró dar con su cadáver en una fosa clandestina y dio la información a las autoridades para detener a los responsables. A partir de ese momento apoyó y acompañó a familiares de desaparecidos. 

Sin embargo, el pasado 10 de mayo un grupo comando baleó su domicilio - que no estaba protegido a pesar de las amenazas y pedidos de la propia víctima- y Rodríguez murió en camino al hospital de San Fernando.  

“A ver si no me matan”, solía decir la activista con ironía luego de reclamar a los funcionarios del Gobierno de Tamaulipas por los casos de desapariciones en ese estado mexicano. 

Su asesinato generó una ola de indignación no sólo en México sino en el extranjero. La Organización de las Naciones Unidas (ONU), Amnistía Internacional (AI), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y decenas de ONGs condenaron el asesinato y exigieron a las autoridades locales y federales investigarlo con perspectiva de género y evitar que quede impune.